El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes 31 de marzo el caso de Yasniel Mujica, de 44 años de edad, quien permanece detenido en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la zona industrial de Barquisimeto, estado Lara, acusado de presunto tráfico ilícito de armas y municiones de guerra.
Por: lapatilla.com
La organización no gubernamental reiteró la necesidad de supervisar el sistema judicial venezolano ante presuntas irregularidades y vulneraciones al debido proceso.
De acuerdo con la denuncia difundida por el OVP en su cuenta oficial en la red social X, Estefanía Cantor, esposa del detenido, aseguró que a su pareja le “sembraron” evidencias luego de negarse a pagar una presunta extorsión.
“Se enfrentó supuestamente a un juicio justo, pero yo vi que fueron violadas muchas cosas; no hubo experticias y no fueron tomadas en cuenta las pruebas a favor de él”, afirmó.
Cantor sostuvo que la jueza primera de juicio del estado Lara, Wendy Carolina Azuaje Pérez, condenó a Mujica a 22 años y seis meses de prisión, decisión que calificó como injusta. “Lo condenaron por un crimen que no cometió”, insistió.
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Según el testimonio de la esposa, Yasniel Mujica fue detenido el 26 de febrero de 2024 en la avenida Libertador con calle 31, en el estado Lara.
Relató que el hombre fue interceptado por un vehículo color dorado; sin embargo, en el acta policial se señala que se trataba de una camioneta, lo que —según la familia— constituye una inconsistencia en el procedimiento.
Asimismo, denunció que funcionarios policiales le habrían colocado 30 balas de fusil FAL para sustentar la acusación. “Este caso del DCDO es conocido porque le sembraban municiones de guerra que conllevan al terrorismo a quienes regresaban del país o tenían negocios”, afirmó.
La familia indicó que, al momento de la detención, tenían 19 días de haber regresado a Venezuela, tras siete años de emigración.
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El detenido es padre de tres niñas menores de edad, cuya crianza y manutención recaen actualmente en su madre.
Cantor explicó que enfrenta sola las gestiones legales y la responsabilidad familiar, situación que calificó como emocionalmente difícil.
“Es fuerte, no se lo deseo a nadie. Es duro tener que decirle a las niñas que su papá enfrenta algo delicado, con respecto a la cantidad de años que le sentenciaron, pero tengo fe de que todo saldrá bien; confío en la justicia divina”, expresó.
La organización advirtió que la presunta corrupción se ha convertido en una de las formas de vulnerar los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela, un problema que ha sido señalado de forma recurrente en el sistema penitenciario del país.
