La dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela ha impedido que los diplomáticos de Colombia que trabajan desde Caracas puedan ingresar a las cárceles de ese país para brindar atención a los colombianos detenidos. La misma canciller (e) Rosa Villavicencio confirmó que el régimen no ha permitido la entrada del personal consular, ni la entrega de kits para esta población.
Por semana.com
“El señor embajador no ha podido, no ha tenido el permiso por parte de las autoridades para llevar los kits que se tienen para, permanentemente, poder hacer las visitas y acompañar a los detenidos. Solamente hubo una entrada de la Comisión Internacional de Cruz Roja. Ahí fue donde nos informamos de la condición en la que estaban los detenidos”, sostuvo la ministra (e) de Relaciones Exteriores.
Colombia busca mediación internacional para atender a los connacionales porque las gestiones bilaterales entre la Casa de Nariño y el Palacio de Miraflores han sido insuficientes para tener resultados que beneficien a los presos políticos.
Incluso, la canciller (e) le pidió a su par de Venezuela permitirle entrar a las cárceles en compañía del cuerpo consular, pero la única respuesta que ha recibido de parte de Yvan Gil es que su solicitud será trasladada. Solo la CICR ha podido ingresar a los penales para verificar las condiciones de los detenidos.
“Hemos realizado una serie de gestiones que no han fructificado. Nos hemos ofrecido, hemos hecho notas verbales de reclamo, he hablado con el canciller dos veces y le ha manifestado la urgencia del debido proceso. Se ha planteado que, mientras no se resuelvan este tema, las relaciones van a ser bastante distantes, como han sido hasta ahora”, comentó Villavicencio. Pese a que la funcionaria afirma que el vínculo es “distante”, ambas naciones firmaron un acuerdo para la creación de una zona binacional en la frontera.
Llama la atención que una de las principales apuestas en política exterior de la administración de Gustavo Petro ha sido mantener relaciones diplomáticas con la dictadura de Maduro. Sin embargo, ese vínculo no ha servido para permitir que a los colombianos detenidos en Venezuela les garanticen las condiciones mínimas de respeto a sus derechos humanos.
Los presos no pueden comunicarse con sus familias, tampoco les permiten recibir visitas, no han logrado tener enlace con abogados, autoridades consulares u organizaciones que medien por ellos. La única interlocución fue una llamada que realizaron en mayo de este año, pese a que la mayoría están detenidos desde septiembre de 2024.
“Nosotros no estamos de acuerdo, pero el país es soberano y tiene su legislación (…) No hemos tenido todavía una respuesta suficiente y necesaria como la que ustedes (los familiares) merecen, sobre todo de la garantía al debido proceso y a los derechos humanos”, comentó Villavicencio durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
La canciller (e) asegura que el Gobierno nacional no tiene conocimiento de cuáles son los cargos de los que se les acusan. No obstante, en un documento interno de la Embajada de Colombia en Caracas, al que tuvo acceso SEMANA, se detalló que el 70?% de los casos están vinculados a cargos por narcotráfico.
El ministro del Interior y de Justicia de ese país, Diosdado Cabello, ha señalado en declaraciones públicas que estas personas están vinculadas con el paramilitarismo. Él es el funcionario del Palacio de Miraflores encargado de autorizar el ingreso de la delegación de Colombia a las cárceles.
