El 9 de abril de 2026, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo —esa que usurpa las funciones legislativas que pertenecen a la Asamblea Nacional electa en 2015— designó a Larry Devoe como Fiscal General de la República y a Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo. Ambos nombramientos fueron aprobados con 275 votos de la aplanadora oficialista. La pregunta no es quiénes son. La pregunta que debemos hacernos todos los venezolanos es qué representan.
Desde el 3 de enero de 2026, cuando Nicolás Maduro, jefe del Cartel de los Soles, fue llevado ante la justicia norteamericana, el régimen que ahora conduce Delcy Rodríguez ha intentado proyectar una imagen de transición institucional. Han renunciado figuras comprometidas, han anunciado amnistías, han hablado de un «nuevo momento político». Pero cuando se observa con detenimiento quiénes ocupan los espacios liberados, la conclusión es inapelable: no estamos ante un cambio, sino ante una continuidad con otras máscaras. No es transición; es simulación.
El Fiscal que no llegó a investigar, sino a justificar
Larry Devoe no es un fiscal de carrera. No tiene trayectoria como investigador penal ni como litigante independiente dentro del Ministerio Público. Su currículo es el de un operador político al servicio del régimen. Fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos desde 2014 —cargo desde el cual ignoró y se burló, en palabras del diputado Juan Pablo Guanipa, de miles de venezolanos torturados—; fue representante del Estado venezolano ante la CIDH, donde negó sistemáticamente la existencia de presos políticos y contribuyó a la salida de Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 2013; fue asesor jurídico de la Vicepresidencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores, acumulando cargo tras cargo al servicio de una estructura de poder que hoy pretende presentarlo como garante de la justicia.
La ONG Provea lo definió con precisión: Devoe es «un funcionario de absoluta confianza» de Delcy Rodríguez. El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) advirtió que esto no es una renovación institucional sino «una rotación de poder». Y más de 61 organizaciones de derechos humanos, encabezadas por Provea, Espacio Público, Civilis y Acceso a la Justicia, exigieron públicamente que actúe con independencia —exigencia que por sí sola revela el tamaño del problema. Un fiscal legítimo no necesita que la sociedad civil le pida a gritos que sea independiente. Esa independencia debería ser su razón de existir.
Como recordó el diputado Guanipa: en 2014 no dijo nada sobre las víctimas de la represión; en 2017 calló ante los asesinados en las protestas; en 2019 prohibió el acceso de la CIDH para que no reportara los abusos; y mientras Maduro mataba y secuestraba venezolanos tras el robo electoral del 28 de julio de 2024, Devoe recorría Ginebra con los recursos del pueblo venezolano. Venezuela necesita un Fiscal General que ponga la ley primero que la política. Devoe ha demostrado, a lo largo de dos décadas, exactamente lo contrario.
La Defensora del Pueblo que no defiende al pueblo
Eglée González Lobato tiene una trayectoria académica que nadie discute: abogada de la UCV, doctora en Derecho, directora de la Escuela de Derecho, consultora del PNUD. En otro momento, fue incluso una voz crítica del chavismo. Pero las declaraciones recientes son las que definen su idoneidad para el cargo que hoy ocupa. En entrevista a VTV, calificó a la oposición que pidió sanciones internacionales de «traidores» que pedían «intervención militar». Antes de las elecciones presidenciales, aseguró públicamente que Maduro podía ganar el 28 de julio «sin fraude electoral». Esas no son opiniones menores; son posicionamientos que comprometen definitivamente la autonomía que exige la Constitución para quien ejerce la Defensoría del Pueblo.
La simulación democrática y sus consecuencias
El politólogo Daniel Chang lo describió con exactitud: «Larry Devoe es una ficha de la confianza absoluta de Delcy Rodríguez. Designarlo como fiscal es una victoria en el plan de Delcy de bloquear una transición real y negociar una transición del madurismo al rodriguismo». Lo que el régimen está construyendo no es una salida institucional genuina; es una reconfiguración del control: cambian las caras, ruedan algunas cabezas comprometidas, pero la estructura de impunidad se mantiene intacta.
A estos dos nombramientos del Poder Ciudadano se suman próximas designaciones igualmente críticas: el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. La advertencia del diputado Tomás Guanipa es pertinente: si el patrón se repite, no habrá condiciones para elecciones libres ni para la legitimación de ningún poder público. La simulación democrática tiene un costo: erosiona la confianza de los venezolanos dentro y fuera del país, y aleja la posibilidad de la inversión extranjera, del retorno de la diáspora y de la estabilización económica que el mismo Secretario de Estado Marco Rubio ha condicionado a una transición real.
Democracia Total: la respuesta de la sociedad organizada
Ante esta realidad, la sociedad civil venezolana organizada no puede ni debe resignarse. El Programa de Organización Ciudadana (POC), la Confederación de Profesionales Universitarios y Técnicos de Venezuela (CONFEPUV) y el Frente Amplio Profesional Internacional (FAPI), junto a más de 25 organizaciones sociales dentro y fuera del país, mantenemos una postura clara: no alcanza con denunciar; hay que construir. Lo que Venezuela necesita no es una mejora cosmética de las instituciones capturadas, sino lo que llamamos Democracia Total: la refundación institucional completa, con poderes públicos elegidos libremente, con independencia judicial real, con un Ministerio Público que investigue sin distinción de quien cometa delitos, con una Defensoría del Pueblo que defienda al ciudadano frente al Estado y no al Estado frente al ciudadano.
Esa Democracia Total tiene un camino concreto: elecciones presidenciales, parlamentarias, estadales y municipales plenamente libres, mismo elecciones en Colegios Profesionales y Sindicatos, bajo supervisión internacional auténtica, con un CNE independiente y un TSJ que no sea brazo judicial de ningún gobierno. Mientras ese camino no se abra, seguiremos denunciando cada simulacro, acompañando a los trabajadores que piden salarios dignos —el salario mínimo en Venezuela es hoy inferior a un dólar mensual, una vergüenza constitucional—, exigiendo la libertad inmediata de los más de 480 presos políticos que aún permanecen en cárceles y centros de detención, y construyendo la plataforma ciudadana que ese proceso demanda.
A ese venezolano que desde dentro del país sobrevive con esperanza disminuida, que ve pasar estos nombramientos con la resignación de quien ya no espera nada: este artículo es también para usted. La lucha pacífica, democrática y organizada que encabeza María Corina Machado no se mide en meses ni en decretos del régimen. Se mide en la construcción sostenida de una ciudadanía que no acepta la simulación como destino. Venezuela tiene los profesionales, los juristas, los líderes sociales y los valores para construir instituciones que de verdad le sirvan. Lo que no puede hacer es entregarle esas instituciones, una por una, a quienes han demostrado que las usarán para preservar la impunidad.
Las máscaras cambian. El sistema permanece. Pero permanece también la sociedad civil que no descansa, no cede y no olvida. Esa es nuestra garantía.
Rafael Veloz García. Ex Pdte de la Federación de Abogados de Vzla y de la Federación Interamericana de Abogados, FIA. Pdte Fundador de la Confederación de Profesionales Universitarios y Técnicos de Vzla. Coordinador del Programa de Organización Ciudadana, POC. Miembro de la Dirección Nacional de Vp.
Rafael Veloz /@rafaelvelozg
