Semana Santa, justicia y libertad: del proceso contra Cristo a la obligación moral de liberar a los presos políticos en Venezuela
La Semana Santa no sólo convoca a la fe. También obliga a la conciencia. En esos días en que el mundo cristiano recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, vuelve a ponerse frente a nosotros una de las escenas más estremecedoras de la historia: el juicio más injusto jamás conocido. No fue un proceso ejemplar. No fue una búsqueda sincera de la verdad. Fue, en esencia, un linchamiento revestido de formalidades, una condena decidida de antemano, una ejecución envuelta en la apariencia de legalidad.
Allí radica una de sus enseñanzas más poderosas para la posteridad. Cristo no sólo vino a redimir espiritualmente al hombre; también dejó expuesta, con dramática claridad, la degradación a la que puede llegar un sistema cuando el poder deja de servir a la justicia y convierte la ley en instrumento de persecución. El proceso contra Jesús mostró que no basta con que existan normas, jueces o autoridades. Cuando falta rectitud moral, independencia y verdad, el aparato judicial puede convertirse en simple maquinaria de castigo.
La tradición histórica y jurídica ha resaltado que, en el caso de Jesús, fueron violentados principios que hoy consideramos universales: el debido proceso, el juez competente, la posibilidad real de defensa, la presunción de inocencia y la prohibición de condenar por presión política o social. Lo ocurrido ante las autoridades religiosas y luego ante el poder romano no fue un acto de justicia, sino la consumación de una decisión política: sacrificar al inocente para preservar el poder, calmar a la multitud y contener el temor de quienes mandaban.
Esa es, precisamente, la primera gran lección para nuestros días: la injusticia más peligrosa no siempre se presenta con el rostro abierto de la barbarie, sino con la máscara de la institucionalidad. El mal, muchas veces, se sienta en un tribunal, redacta una decisión, simula un expediente y pronuncia una sentencia. No necesita romper formalmente el orden jurídico; le basta con vaciarlo de contenido. Así nace el anti-Estado: cuando la ley deja de proteger al débil y comienza a blindar al verdugo.
Por eso el juicio a Cristo conserva una vigencia impresionante. Su drama no pertenece únicamente al pasado. Se repite cada vez que un poder público acusa sin pruebas, cada vez que se cambia la imputación para acomodarla a conveniencias políticas, cada vez que se condena antes de oír, cada vez que la presión del poder pesa más que la conciencia del juez. Se repite cada vez que un funcionario, como Pilato, sabe que tiene frente a sí a un inocente y, aun así, decide lavarse las manos.
¿Cuántos Pilatos existen hoy? Ésa es una de las preguntas inevitables de esta Semana Santa. Pilato no fue el autor intelectual del odio, pero sí el ejecutor cobarde de una injusticia que pudo detener. No fue el más fanático, pero sí el que, teniendo poder para impedir el crimen, prefirió ceder ante el cálculo, el miedo y la conveniencia. Esa conducta sigue viva en muchos poderes públicos contemporáneos: funcionarios que no creen en las acusaciones que sostienen, jueces que saben que un expediente está viciado, fiscales que entienden la inocencia del perseguido, defensores públicos que simulan una defensa inexistente, autoridades que callan para conservar el cargo. Todos ellos, en distinta escala, repiten el gesto de Pilato.
Venezuela conoce demasiado bien ese drama. Durante años, el país ha padecido la deformación del sistema de justicia hasta convertirlo, demasiadas veces, en herramienta de sometimiento. La persecución por razones políticas, las detenciones arbitrarias, la negación de una defensa libre y efectiva, las imputaciones fabricadas, el uso del miedo como método de control, no son simples desviaciones aisladas: forman parte de un mecanismo de dominación que busca desmoralizar a la sociedad y castigar a quien piense distinto.
Allí aparece la semejanza más dolorosa entre el proceso contra Cristo y nuestros tiempos: la utilización del poder para castigar al inocente o al disidente bajo una narrativa de aparente legalidad. En ambos casos se manipula la norma, se pervierte la autoridad y se pretende que el abuso sea visto como justicia. Se invierte el orden moral: la víctima termina presentada como culpable, mientras el poder pretende exhibirse como guardián del orden.
Pero también existen diferencias que conviene señalar con claridad. Cristo es único e incomparable. Su juicio y su sacrificio forman parte del misterio central de la fe cristiana y de la historia de la salvación. Ningún preso político puede ser equiparado en sentido religioso con el Hijo de Dios. La comparación no es teológica, sino moral, jurídica y humana. Lo que sí puede afirmarse es que el proceso a Jesús dejó una advertencia permanente: cuando una sociedad tolera que el inocente sea perseguido, condena también su propia libertad. Y cuando el derecho se aparta de la verdad, termina convertido en arma del opresor.
Por eso, esta Semana Santa debe ser también tiempo de examen para la nación. No basta con conmovernos ante la pasión de Cristo mientras ignoramos los padecimientos concretos de quienes hoy sufren prisión injusta, incomunicación, tortura psicológica, tratos crueles o procesos amañados. La memoria del Viernes Santo carecería de sentido si no nos impulsa a levantar la voz por los crucificados de nuestro tiempo. En Venezuela, entre ellos, están los presos políticos.
La liberación de los presos políticos no es sólo una exigencia jurídica. Es un imperativo moral. Es una causa profundamente humana y, para quien tiene fe, profundamente cristiana. Ninguna reconciliación nacional será sólida mientras existan hombres y mujeres encarcelados por pensar distinto, por protestar, por denunciar o por ejercer derechos que en una república deben ser intocables. No puede hablarse seriamente de paz mientras haya familias destruidas por la arbitrariedad y ciudadanos sometidos a un sistema que castiga la conciencia.
Semana Santa es, además, una oportunidad para recordar que la oración no es pasividad. La oración auténtica fortalece el alma para actuar, resistir y perseverar. La fe no sustituye la responsabilidad cívica; la potencia. De allí que el creyente pueda orar y al mismo tiempo exigir justicia; pedir a Dios y, a la vez, trabajar por el restablecimiento del Estado de Derecho; confiar en la Providencia sin renunciar al deber ciudadano de denunciar, acompañar y construir una salida democrática.
Venezuela vive una hora histórica en la que el mandato popular de cambio sigue siendo una referencia moral y política de enorme valor. Ese mandato no puede abandonarse, ni relativizarse, ni fragmentarse. La lucha por la libertad exige serenidad, unidad, inteligencia y perseverancia. Habrá variables que escapan al control de la ciudadanía, pero hay una tarea que sí permanece en nuestras manos: sostener la causa de la justicia, defender la verdad y no normalizar el abuso.
El mensaje final de la Semana Santa sigue siendo el más poderoso de todos: después del viernes de dolor, llega el domingo de resurrección. Después de la noche, vuelve la luz. Después del aparente triunfo de la injusticia, se abre paso la verdad. Esa esperanza no es ingenuidad; es convicción. No es evasión; es fortaleza espiritual y política.
La enseñanza dejada para la posteridad por el juicio más injusto de la historia es clara: ningún poder construido sobre la mentira, el miedo y la persecución tiene la última palabra. La tuvo Cristo hace dos mil años. Y esa misma certeza debe animar hoy a Venezuela: después de tanto sufrimiento, la justicia y la libertad también tienen que resucitar.
Rafael Veloz García. Ex Presidente de la Federación de Abogados de Venezuela y de la Federación Interamericana de Abogados, FIA. Presidente Fundador de la Confederación de Profesionales Universitarios y Técnicos de Venezuela, CONFEPUV. Miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular.
