La Procuraduría General de Colombia emitió un comunicado en el que solicita al Tribunal Superior de Bogotá revocar la condena de 12 años de prisión contra el expresidente Álvaro Uribe, acusado de fraude procesal y soborno en actuación penal.
De acuerdo al documento, en la sentencia de primera instancia emitida por el ente judicial «no se estableció más allá de toda duda razonable que el expresidente Álvaro Uribe tuviera el grado de conocimiento exigible para atribuirle la presunta responsabilidad».
La Procuraduría aclara que ese error de apreciación de las pruebas, hace una percepción errada de la sentencia
Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 28 de julio pasado en el primer expresidente de Colombia en ser condenado penalmente, luego de que la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, lo hallara culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal en un caso que él mismo inició en 2012.
La sentencia de Heredia, que la defensa de Uribe ya anunció que también apelará el próximo miércoles, sostiene que en el llamado ‘juicio del siglo’ quedó demostrado que el expresidente, a través del abogado Diego Cadena, intentó sobornar a exparamilitares presos para que se retractaran de los supuestos vínculos de Uribe con el paramilitarismo de derecha que combatía a las guerrillas izquierdistas en el conflicto armado colombiano.
Sin embargo, en la apelación de la Procuraduría difundida por medios locales, el delegado del Ministerio Público sostiene que el fallo de Heredia carece de «evidencia contundente que desvirtúe la presunción de inocencia» y presenta varios «yerros probatorios».
«Los errores en la apreciación de la prueba, principalmente la incorrecta observación objetiva de la misma, llevaron a la indebida aplicación de la figura de la determinación» en contra de Uribe, señala una de las conclusiones del recurso, de 81 páginas.
Dudas jurídicas
Según Cuadro, no está comprobado jurídicamente que Uribe haya determinado al abogado Cadena para buscar presos paramilitares, tal y como sostiene la tesis de la fiscal del caso, que fue acogida por Heredia.
«No se estableció más allá de toda duda razonable que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuviera el grado de conocimiento exigible para atribuirle la presunta responsabilidad como determinador de cada uno de los eventos acusados. La sentencia de primera instancia no se ocupó de examinar detalladamente este aspecto medular para cada uno de los episodios examinados», añadió.
Además, el recurso señala que unas llamadas entre Uribe y Cadena, avaladas por la jueza como pruebas en el proceso, deberían desecharse por tratarse de comunicaciones amparadas por el secreto profesional entre abogado y cliente, tal como defendió la defensa del expresidente.
Heredia dio a la defensa de Uribe plazo hasta el 13 de agosto para presentar la apelación a su condena ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Este caso comenzó en 2012, cuando el exmandatario demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos al congresista de izquierda Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus presuntos vínculos con los paramilitares.
Contrario a lo que imaginó Uribe, la Corte decidió no investigar a Cepeda y en cambio le abrió una investigación a él por manipular testigos para que no declararan en su contra.
Con información de EFE
