La polémica en Colombia por la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia a quien el sistema de salud pública dejó de suministrarle los medicamentos que necesitaba, se trasladó al Congreso, donde fue radicada una moción de censura contra el ministro del ramo, Guillermo Alfonso Jaramillo, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro.
«El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, debe salir de su cargo, por eso redactamos una moción de censura para retirarlo e invito a todos los congresistas, sin importar el sector político, a que la suscriban», afirmó la representante Jennifer Pedraza, promotora de la iniciativa.
En Colombia, la moción de censura es un mecanismo de control político que permite al Congreso citar a un ministro a debate y, si la mayoría absoluta de la respectiva cámara vota a favor, obligarlo a dejar el cargo, aunque hasta ahora la medida no ha tenido efectividad alguna porque ningún ministro ha sido cesado por esta vía.
El niño murió el viernes pasado en Bogotá, luego de que, según su madre, Katherine Pico, el sistema de salud dejara de suministrarle durante dos meses el medicamento Emicizumab, que necesitaba con urgencia para controlar la hemofilia.
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La condición del niño se agravó tras una caída de la bicicleta por lo que Petro y Jaramillo responsabilizaron a la familia de la muerte, por permitirle practicar deporte, desatando una controversia que aumentó luego de que el mandatario divulgara apartes de la historia clínica del menor, información que tiene carácter reservado.
Por este caso, la Fiscalía adelanta una investigación preliminar y fuentes de la entidad confirmaron a EFE que el caso está en manos de un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá y que, por ahora, «no hay personas vinculadas formalmente al proceso».
«Es inadmisible un ministro de Salud que ha revictimizado a la madre de Kevin Acosta», dijo Pedraza quien añadió que, en vez de solucionar la crisis de salud, «que obviamente venía desde antes, ha tomado medidas que han creado más barreras para el acceso a este derecho fundamental».
La mesa directiva de la Cámara de Representantes deberá estudiar ahora la solicitud y, si cumple los requisitos constitucionales y legales, convocar el debate en plenaria.
EFE
