La violencia se enseñorea en el complejo mundo en que vivimos, y muy en particular en la desveladora América Latina y el Caribe. El narcotráfico, la minería ilegal, la violencia política y otras formas de acción del crimen organizado, provocan justificadas alarmas y preocupaciones.
Los carteles de la droga han tomado fuerza en el mapa latinoamericano, muy en especial en México, Colombia, Venezuela, Ecuador, y en países centroamericanos que sirven de puente al narcotráfico como es el caso de Honduras y Guatemala. Es también llamativo el caso de Haití, convertido en un Estado fallido, controlado por bandas criminales de la peor calaña. En el caso de Venezuela, destaca la presencia activa e impune en el país del ELN colombiano y las disidencias de las FARC o Segunda Marquetalia, situación públicamente admitida por el presidente colombiano Gustavo Petro, aliado de Maduro, quien recientemente llegó a solicitar un mayor control de dichos grupos en Venezuela.
El problema de la minería ilegal, también existente en Colombia, es grave en el caso de Venezuela, pues grupos irregulares sedientos de riqueza, y corruptos no combatidos por las fuerzas de seguridad, están provocando un colosal ecocidio en parques naturales y zonas protegidas del sur del país, en el llamado arco minero de Guayana. Allí, en un ambiente de anarquía se extraen toneladas de oro, diamantes, coltán y otros minerales, causando la depredación del medio ambiente, irreversible en suelos y ríos de tan alta vulnerabilidad, dejando eso sí, pingües ganancias a la ilegalidad, y a quienes actúan bajo las sombras del gobierno que usurpa el poder en Venezuela.
En Colombia, el narcotráfico se ha disparado hasta cerca de 300.000 hectáreas sembradas de coca, y a una curva exponencial de exportaciones de cocaína, un alto porcentaje de las cuales sale a través del territorio venezolano, donde existen ya laboratorios de procesamiento del alcaloide. Se ha determinado la existencia de bandas, alianzas y carteles, el principal de los cuales es el Cartel de los Soles, cuyo nombre deriva de la participación activa o cómplice de oficiales de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Es un tema que voceros del régimen tratan de negar, como también el presidente de Colombia, pero sus ejecutorias están documentadas en declaraciones a las autoridades de EE.UU. de altos ex oficiales venezolanos, como los Generales Hugo Carvajal o Cliver Alcalá Cordones, detenidos en ese país, además de aportes de otros actores, y evidencias como fue en su momento la detención en flagrancia de los llamados narcosobrinos, por su nexo con la pareja presidencial venezolana, lamentablemente liberados por EE.UU. en uno de esos inexplicables canjes de rehenes.
La administración de EE.UU. declaró recientemente como terrorista al Cartel de los Soles, y al presidente de Venezuela en ejercicio como líder del mismo, emprendiendo luego acciones navales contra el narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, situación que ha causado nerviosismo en el régimen, incluyendo la movilización de milicianos, el aliste de voluntarios, y la preparación tácita del ELN colombiano como protector de las fronteras, ante una eventual intervención militar de EE.UU. Las declaraciones del Secretario de Estado Marco Rubio y de la Fiscal Pam Bondi, han sido contundentes, aunque no se espera una intervención militar en Venezuela.
La violencia ejercida por los carteles mexicanos de la droga, principalmente el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los dos gigantes que dominan el mapa criminal en México tiene hondas raíces en América del Sur, especialmente en Colombia. Existen además otros grupos menores de narcos, que en su conjunto ejercen una brutal violencia en el país azteca. En Colombia predominan el Clan del Golfo, también llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el ELN, las disidencias de las FARC, y grupos más pequeños como los Puntilleros, los Pelusos, o los Caparros, configurando una mayor fragmentación que en el caso descrito de México. La presidenta mexicana Sheinbaum decidió extraditar este año a EE.UU. a más de 50 narcotraficantes, mostrando así disposición de cooperar con ese país, en resguardo de los fuertes intereses bilaterales existentes.
En el otrora pacífico Ecuador, la situación de orden público y de acción violenta del narcotráfico en las cárceles y en todo el territorio nacional ha sido desmedida desde el año 2021, pese a los esfuerzos realizados por los presidentes Lasso y Noboa. La acción no se atribuye a carteles nacionales, sino a bandas criminales que operan en alianza con carteles mexicanos y colombianos, siendo notorias la banda Los Choneros, la de Los Lobos, rival de la anterior, y varias más que actúan como satélites de los grandes grupos, y controlan barrios, cárceles y el microtráfico.
El asesinato reciente de la joven promesa política Miguel Uribe Turbay en Colombia, ha sido una expresión más de violencia en Colombia, que se añade a casos que en el pasado cobraron la vida de figuras como Jorge Eliécer Gaitán, Álvaro Gómez Hurtado o Luis Carlos Galán. Ese doloroso caso ha conmovido a la opinión pública, sin que se conozca aún la autoría intelectual del mismo. Pocos días después ocurrieron en Cali y en Antioquia graves atentados, que obligaron al gobierno a declarar terroristas al Clan del Golfo, a las disidencias de Iván Mordisco y a la llamada Segunda Marquetalia.
Además de los tentáculos del crimen organizado, en Venezuela ha arreciado la violencia política contra cualquier tipo de oposición al régimen, cuya legitimidad de origen quedó en entredicho con el fraude electoral del 28 de julio de 2024. Las denuncias de detenciones arbitrarias son crecientes, así como las violaciones a los derechos de los detenidos, todo ello documentado por organismos encargados de velar por los Derechos Humanos, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La actuación de la Corte Penal Internacional no ha sido en absoluto diligente, pues el Fiscal Kahn fue recusado por sus propios colegas por conflicto de intereses con el régimen venezolano. Es de esperar que la separación de Kahn del caso venezolano conduzca a prontas decisiones de parte de dicha institución, después de haber recibido varios miles de denuncias de las víctimas. Las liberaciones parciales de detenidos de parte del régimen venezolano han estado caracterizadas por condicionalidades, y la figura de la puerta giratoria, en que salen unos y entran otros, siendo el balance actual de cerca de 900 presos que continúan en las mazmorras del régimen. Y es también violencia política, el saqueo descomunal de recursos públicos, patrimonio de los venezolanos.
No podría concluir esta nota sin hacer mención a la violencia atroz que el mundo mira con perplejidad en los conflictos Rusia-Ucrania e Israel-Palestina, donde las masacres tipifican ya crímenes de guerra o de lesa humanidad. Ha sido lamentable la falta de voluntad de Putin de acordar un alto al fuego, pese a los esfuerzos de EE.UU. y de Europa, o de parte de Netanyahu y Hamás para poner fin a la hambruna y masacres que siegan la vida de miles de civiles y niños inocentes.
En suma, en un mundo tan complejo, al cual nos hemos referido en artículos anteriores, no solo se percibe la falta de voluntad para detener las guerras y la destrucción que ocurre día a día en ambos casos, sino que se evidencia en forma clara la crisis de liderazgo existente en el mundo actual, y la ineficacia de la Organización de Nacionales Unidas (ONU), para cumplir el papel fundamental para el cual fue creado en 1945, cual es ser garante de la paz en el mundo.
