La candidata presidencial colombiana Paloma Valencia pidió este lunes en una carta enviada a la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y al Departamento de Estado de EE.UU., un acompañamiento especial para garantizar que haya elecciones libres en el país ante los beneficios judiciales otorgados a 23 miembros del crimen organizado.
«La suspensión de las órdenes de captura contra 23 bandidos, ordenada por la Fiscalía tras solicitud del Gobierno, a dos meses de elecciones podría terminar siendo un mecanismo de presión para obligar a las personas a votar por su candidato» en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, señaló Valencia.
La carta está dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres; al secretario de Estado de EE.UU., Maco Rubio, y a la presidenta de la CorteIDH, Nancy Hernández.
A finales de marzo, la Fiscalía colombiana suspendió por seis meses las órdenes de captura contra 23 miembros de bandas criminales que operan en Medellín, algunos de ellos ya presos, para que actúen como «voceros» en «Espacios de Conversación Sociojurídicos definidos por el Gobierno nacional con el objetivo de avanzar en el sometimiento de los grupos que representan».
«Aunque no liberen a los que ya están presos y condenados, envían un claro mensaje a la población y los grupos armados», dijo Valencia, quien señaló que la ‘paz total’, programa bandera del presidente colombiano, Gustavo Petro, «ha sido un fracaso».
Por eso, la política, del partido de derecha Centro Democrático, hizo un llamado a la comunidad internacional «para que supervise de cerca las próximas elecciones presidenciales y proporcione toda la asistencia necesaria para garantizar un proceso libre, justo y pacífico».
En las encuestas de intención de voto, Valencia aparece con opciones de pasar a una segunda vuelta, que se disputaría el 21 de junio, con el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido de Petro.
En su carta a los organismos internacionales, la candidata expresó su preocupación por la posibilidad de que con los beneficios a los miembros de bandas criminales «las poblaciones en los territorios controlados por estas organizaciones no sean realmente libres de votar y puedan ser obligadas a apoyar al candidato del Gobierno, Iván Cepeda».
La oposición colombiana ha manifestado en varias ocasiones su preocupación por la seguridad en las elecciones presidenciales ya que el año pasado fue asesinado a tiros el senador Miguel Uribe Turbay, quien aspiraba a la nominación presidencial del Centro Democrático, crimen que, según las autoridades, fue ordenado por la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC.
EFE
