La organización no gubernamental (ONG) Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Alerta Venezuela denunciaron que la aplicación de la Ley de Amnistía ha funcionado más como una herramienta de gestión política que como un proceso de reparación integral.
“Este ‘espejismo jurídico’ permite al Estado administrar la libertad de los detenidos con el objetivo de mitigar la presión diplomática y obtener legitimidad internacional, mientras mantiene intactas las estructuras coercitivas que originaron las detenciones”, denunciaron en su informe El balance de la arbitrariedad (2014-2026) publicado el viernes 20 de marzo.
Las ONG indicaron que 41,65 % de las personas detenidas por motivos políticos quedaron excluidas de la Ley de Amnistía. El informe también reveló que las mujeres presas políticas se han enfrentado a violencia sexual, amenazas y hacinamiento en los centros de reclusión.
Para avanzar hacia “una reconciliación genuina”, el informe subraya la necesidad de desmantelar las estructuras de control y realizar una auditoría independiente de los centros de reclusión.
“La justicia verdadera requiere transparencia y el restablecimiento pleno de las garantías constitucionales”, añadió.
JEP registró 689 presos políticos en Venezuela
JEP y Alerta Venezuela registraron para el 16 de marzo 689 presos políticos de los que se tiene conocimiento, una cifra que revela la dinámica de sustitución sistémica.
“Las 677 salidas verificadas durante el primer trimestre del año han sido neutralizadas estadísticamente por el afloramiento de casos de ‘vieja data’ que permanecían bajo un subregistro masivo más pocos nuevos arrestos selectivos”, apuntaron las ONG.
Las organizaciones señalaron que este equilibrio sugiere que el sistema no busca “el vaciado real de las cárceles”, sino la rotación de los perfiles de detención para mantener “el efecto inhibitorio en la sociedad civil”.
“Esta opacidad informativa se ve agravada por la persistencia del patrón Sippenhaft o castigo al entorno familiar, lo que genera un subregistro alimentado por el temor a represalias directas contra los vínculos afectivos de las víctimas”, precisaron.

Esta situación dificulta la documentación exhaustiva de la totalidad de las detenciones en centros como Ramo Verde y El Rodeo I.
Los principales centros de reclusión de presos políticos
JEP y Alerta Venezuela revelaron en su informe que los principales centros de reclusión de presos políticos se encuentran en Miranda y Distrito Capital:
-El Centro Nacional para Procesados Militares (CENAPROMIL): popularmente conocido como Ramo Verde. Esta instalación ubicada en Los Teques, estado Miranda, alberga a 93 personas privadas de libertad por motivos políticos, equivalente al 13,49 % del total documentado por JEP. Debido a esto, Ramo Verde es el recinto penitenciario con mayor cantidad de presos políticos a nivel nacional.
-El Internado Judicial Capital El Rodeo I: esta instalación está ubicada en el estado Miranda. Es el segundo recinto carcelario con mayor concentración de presos políticos a nivel nacional, al albergar a 88 de ellos representativos del 12,91 %.
-El Centro Penitenciario Cenapromil Fuerte Guaicaipuro: esta instalación está ubicada en el estado Miranda. Es el tercer recinto carcelario con mayor concentración de presos políticos a nivel nacional, al albergar a 44 de ellos representativos del 6,38 %.

También mencionó el Centro Penitenciario Nacional de Valencia-Tocuyito con 43 presos políticos, Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas 1, máxima seguridad (Sebin Helicoide) con 31 presos políticos y el Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleta PNB (Zona 7) con 15 presos políticos.
Familiares de presos políticos denunciaron tratos crueles
De acuerdo con JEP y Alerta Venezuela, los familiares de los presos políticos denunciaron que sus seres queridos enfrentaron algunos de estos tratos crueles desde el año 2014 hasta 2026:
-Negación de medicamentos o uso incorrecto de tratamientos médicos.
-Falta de acceso a alimentación y bebidas.
-Condiciones de detención inadecuadas.
-Uso intencionado de la fuerza física.
-Humillación o degradación de la persona.
-Prohibición de higiene personal.
-Sufrimiento físico o mental deliberado por negligencia u omisión.
De acuerdo con el informe, los tres principales recintos penitenciarios identificados como los lugares donde se llevaron a cabo los tratos crueles, inhumanos o degradantes fueron los siguientes:
-El Rodeo I (Miranda).
-Fuerte Guaicaipuro (Miranda).
-Yare II (Miranda).

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