Un grupo de maestros activos y jubilados dependientes de la gobernación del estado Monagas, acudieron la mañana de este martes 24 de marzo a la sede de esa instancia regional para exigir al gobernador chavista, Ernesto Luna, respuesta acerca de la solicitud que hicieron en días pasados para que sea reactivado el servicio de salud.
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Juan Carlos Oronoz, directivo del Sindicato de Educadores del Estado de Monagas, denunció que en días pasados acudieron al Palacio de Gobierno a entregar un documento solicitando una reunión al mandatario regional para abordar el tema de la salud.
Aseguró que, transcurrido el lapso establecido y tras no obtener respuesta, volvieron a manifestar haciendo entrega de otro oficio instando al gobernador una reunión urgente.
“Nosotros exigimos inmediatamente que seamos llamados y escuchados en nuestras exigencias. Eso no es una dádiva ni es un regalo. La salud es un compromiso del Estado con los trabajadores y en eso estamos los educadores”, señaló Oronoz.
El representante del sindicato de educadores afirmó que, pese a que la cláusula 77 de la convención colectiva establece que el personal de la educación, como su núcleo familiar, tiene derecho a gozar del servicio de HCM, medicina y otros beneficios inherentes a la salud, pero desde hace más de 10 años el plan de salud está paralizado.
Aseveró que los han querido engañar con unas mínimas especialidades, pero cuando acuden a esos servicios les son negados, porque la gobernación no paga a estas clínicas. Aseguró que esta situación afecta a más de 4 mil trabajadores y jubilados de la educación estadal, pero con la carga familiar de cada uno, este número supera las 12 mil personas.
El coordinador de la Unidad Magisterial en Monagas, Alejandro Abache, exigió a la gobernación el cumplimiento inmediato de los compromisos de salud establecidos en la convención colectiva, calificando este derecho como una prioridad, incluso superior al tema salarial. Argumentó que sin salud no hay rendimiento académico ni desarrollo para el estado, instando al gobernador a asumir su responsabilidad directa con los educadores regionales.
Asimismo, Abache denunció una situación discriminatoria en comparación con otros estados de Venezuela donde sí se prioriza la salud del magisterio. Precisó que, aunque las tablas salariales se discuten a nivel nacional, la garantía de asistencia médica y seguridad social es una obligación inalienable del ejecutivo regional que debe ser atendida con urgencia.
