Varios países y organizaciones internacionales reaccionaron tras la aprobación en segunda discusión de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, por parte de la Asamblea Nacional (AN).
Esta segunda discusión del 19 de febrero incluyó un artículo de supuesto excepcional para aquellos venezolanos con cargos pendientes que permanecen fuera del país, el cual establece lo siguiente: “Cuando la persona no se encuentre a derecho y permanezca fuera del territorio nacional, podrá hacerse representar ante el tribunal competente mediante poder otorgado a un abogado o abogada de su confianza y elección”.
Entretanto, en el artículo 11 se indica que el tribunal competente verificará las condiciones de la amnistía en cada caso y decretará la nulidad de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para que se anulen a través de una sentencia de reemplazo, en un lapso que no excederá de 15 días continuos.
La legislación también dispone que las personas beneficiadas por esta ley que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas con normalidad según la legislación.
Reacciones internacionales
El gobierno de Alemania expresó el 20 de febrero que la Ley de Amnistía en Venezuela solo puede ser vista como un paso en el camino de la transición democrática en la que los venezolanos puedan decidir libremente su futuro.
“La ley de amnistía solo puede considerarse como un paso en la dirección correcta. Ahora tendrá que venir su implementación para que los presos políticos realmente queden en libertad”, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Josef Hinterseher.
Hinterseher dijo además que la puesta en libertad de algunos presos políticos en las últimas semanas es vista por Alemania y por la Unión Europea (UE) como “una buena señal”.
Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció que España solicitará formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones contra Rodríguez, tras la aprobación de la ley de amnistía.
Albares definió como “una señal fuerte de que Venezuela camina por el camino adecuado” y expresó confianza en que la legislación servirá para que todos los presos políticos recuperen su libertad.
“Es una buena señal que se haya aprobado por unanimidad, con todos los votos, también los de la oposición. Nosotros animamos a Delcy Rodríguez a seguir dando pasos en esa dirección, para que se creen las condiciones para que las personas que están fuera de Venezuela, aquellos que quieran, puedan regresar”, acotó el ministro español.
Posteriormente, el portavoz comunitario de la UE Anouar El Anouni se rehusó a comentar sobre la decisión de España, así como especular sobre los próximos pasos, pero se refirió al funcionamiento de la política de sanciones.
“Las medidas económicas individuales o sectoriales no son un fin en sí mismas. La UE está dispuesta a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para apoyar una transición hacia la democracia en Venezuela”, dijo El Anouni.
Acotó que, por lo que se refiere a Venezuela, actualmente la UE aplica sanciones individuales contra 69 personas a las que considera directamente responsables de socavar la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en el país.
Postura de expertos internacionales
Seis expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) acogieron con satisfacción la ley de amnistía, aunque subrayaron que debe aplicarse a todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal.
El grupo de expertos está compuesto por el relator de la ONU sobre promoción de la verdad y la justicia, Bernard Duhaime; sus homólogos de libertad de expresión Irene Khan, libertad de reunión Gina Romero, defensora de derechos humanos Mary Lawlor e independencia judicial Margaret Satterthwaite.
También forma parte del equipo Gabriella Citroni, del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
“No basta solo con esa ley, debe integrarse en un proceso integral de justicia transicional ajustado a las normas internacionales”, señaló el grupo de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias EFE.
Los expertos resaltaron que para que la reparación de los amnistiados sea efectiva, es necesario que la ley reconozca explícitamente a todas las personas que fueron detenidas o procesadas arbitrariamente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, opinión, reunión, asociación e información.
“A quienes se vieron obligados a exiliarse debido a la persecución no se les debería exigir que regresen hasta que se determine claramente la aplicabilidad de la amnistía a sus casos”, señalaron los miembros de la ONU.
Por otra parte, destacaron que el alcance de la ley debe limitarse a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y excluir expresamente a los acusados de abusos de las libertades fundamentales y sospechosos de crímenes de lesa humanidad.
Solicitud de Delcy Rodríguez a la AN
La presidenta encargada aseguró sentirse complacida con la aprobación de la ley que, a su juicio, abre una puerta para que los ciudadanos se reencuentren y para que el país aprenda a convivir pacífica y democráticamente.
“Para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos, que prime el amor, el entendimiento, el reconocimiento”, añadió tras firmar la legislación en el palacio presidencial de Miraflores, acompañada del presidente de la AN, Jorge Rodríguez, y del ministro de Interior, Diosdado Cabello.
Rodríguez solicitó a la AN que se revisen los casos que quedaron por fuera de la ley de amnistía para sentar las bases de la reconciliación en el país.
Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos ocurridos desde 1999 y durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.
ONG y opositores con reservas
Entretanto, ONG defensoras de derechos humanos y opositores venezolanos expusieron sus reservas en publicaciones hechas en las redes sociales tras la aprobación de la ley.
El coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, dijo que lo aprobado no corresponde con el espíritu de paz y reconciliación que debería tener una norma de esa naturaleza.
El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, indicó en su cuenta de X que hay que recibir con optimismo la aprobación de la ley, pero que también es restrictiva y deja por fuera muchos casos, entre ellos los militares procesados por diversos hechos.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló que el texto aprobado es “revictimizante”, excluyente y no garantiza la liberación plena de todos los presos políticos. Por su parte, Acceso a la Justicia advirtió que el proyecto de ley incurre en contradicciones fundamentales al hablar de “extremismo”, con lo cual, a su juicio, se descalifica de entrada a quienes podrían beneficiarse de la amnistía y presupone su responsabilidad penal.
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