Ha sido diputado casi anónimo, candidato a liderar el PSOE elegido por sorpresa; presidente también un poco por sorpresa, gran impulsor de medidas sociales, apestado tras verse arrollado por la crisis que no supo o pudo ver, paria político tras dejar La Moncloa y un país arruinado; rehabilitado tras una travesía del desierto en la que se mantuvo en silencio, referente, también un poco por sorpresa, para la izquierda a la izquierda del PSOE, reanimador del PSOE; baluarte electoral en los últimos años para su propio partido, rey de los mítines, mediador privilegiado en Venezuela y, de nuevo, y por sorpresa también, paria político tras ser protagonista de la imputación con más relevancia social en la historia de la democracia: por primera vez, un juez imputa a un presidente del Gobierno de España. El ex secretario general del PSOE está investigado como supuesto “líder” de una “estructura organizada y estable” de tráfico de influencias que actuó, al menos, entre 2020 y 2025 y que se sirvió de su familia y su entorno para canalizar supuestas comisiones ilegales. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido llamarlo a declarar el próximo 2 de junio, una sesión judicial que seguramente paralizará el país.
