La madrugada del 8 de abril de 2025 marcó un antes y un después en República Dominicana. El colapso del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, dejó 236 personas muertas y más de 180 heridas.
A un año del suceso, el caso judicial continúa abierto, con avances parciales, investigaciones que siguen en curso y un reclamo persistente de justicia por parte de familiares de las víctimas.
El hecho ocurrió durante una presentación del merenguero Rubby Pérez y, según testimonios de varios sobrevivientes, el techo cedió sin previo aviso dejando atrapados a cientos de asistentes bajo los escombros.
Además, el caso abrió un debate nacional sobre la ausencia de controles en edificaciones privadas y la posible responsabilidad de las autoridades.
Qué dice la investigación sobre la tragedia del Jet Set
Las investigaciones apuntaron a posibles fallas estructurales, deterioro del edificio y falta de mantenimiento. Testimonios recogidos por el Ministerio Público, entre el 9 y 15 de abril de 2025, indican que empleados habían advertido previamente sobre filtraciones, grietas y acumulación de agua en la estructura.
Tras esto, el Ministerio Público dominicano avanzó en la imputación de los propietarios del establecimiento, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de presunto homicidio involuntario y negligencia.
Ambos fueron arrestados en junio de 2025 tras interrogatorios, bajo el argumento de que no realizaron las intervenciones necesarias para evitar el colapso del techo, pese a las advertencias existentes.
Posteriormente, se les impuso una medida de coerción que incluyó el pago de una garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades, mientras continúa el proceso.
En noviembre de ese mismo año, la Fiscalía dominicana formalizó cargos que incluyen homicidio involuntario y lesiones, lo que amplió la investigación a otras posibles responsabilidades.
En enero de 2026, el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional rechazó autorizar un peritaje particular en el Caso del Jet Set, solicitado por la defensa de los hermanos Espaillat.
“El juez declaró inadmisible dicha solicitud de peticiones por ser extemporánea”, explicó el fiscal Miguel Collado a los medios de comunicación a su salida del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el 30 de enero de este año
Además, el Ministerio Público dominicano estableció en el expediente acusatorio que los acusados presuntamente “agravaron su responsabilidad penal” al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tanques de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura.
El organismo también afirmó que los propietarios del Jet Set habrían ignorado las advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando “el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes».
El avance más claro del caso se dio el lunes 6 de abril de 2026, cuando el Ministerio Público de República Dominicana solicitó que se envíe a juicio a los hermanos Espaillat.
Esto luego de que el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó el comienzo formal de la audiencia tras dos aplazamientos, los fiscales hicieron un resumen del documento acusatorio, que contiene 156 páginas.
En la única entrevista concedida hasta ahora a un medio de comunicación tras el accidente, Antonio Espaillat admitió el 23 de abril de 2025 que los plafones del techo de la discoteca «siempre» se caían e, incluso, el mismo día del derrumbe se cambiaron algunos de ellos, lo que atribuyó a «diferentes razones», al tiempo que reconoció que nunca se examinó el techo para constatar la situación real, pese a las filtraciones.
El caso del Jet Set se mantiene sin juicio
Pese a la reciente solicitud, el caso de la tragedia del Set Set permanece sin ser juzgado, debido a que las audiencias fueron aplazadas, lo que ha prolongado la incertidumbre de los sobrevivientes.
En paralelo, sobrevivientes y familiares de las víctimas fallecidas también han interpuesto querellas en contra de los propietarios del Jet Set, las autoridades del Estado dominicano y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, bajo el argumento de “fallas en la supervisión y regulación».
Varios de los familiares de las víctimas sostienen que el caso no puede limitarse a responsabilidades individuales, sino que debe abordar posibles omisiones institucionales, como la falta de inspecciones estructurales durante años.
Algunas de estas demandas incluyen solicitudes de indemnización económica, mientras que otras buscan sentencias penales ejemplares.
República Dominicana exige respuestas
A un año de la tragedia, el dolor sigue presente. Los familiares de las víctimas y los sobrevivientes han denunciado a través de concentraciones, marchas, vigilias y protestas la lentitud en la Justicia y falta de apoyo económico y psicológico a las víctimas.
El caso también impulsó discusiones legislativas sobre la necesidad de fortalecer los controles en edificaciones y locales de entretenimiento, así como establecer marcos más claros de responsabilidad en materia de seguridad estructural.
Aunque las investigaciones sobre la tragedia del Jet Set continúan, aún persisten dudas sobre el alcance de las responsabilidades, la eventual condena de los imputados y la posibilidad de reformas estructurales que eviten tragedias similares.
Para las familias afectadas, la prioridad sigue siendo la misma desde el 8 de abril de 2025, que se conozca la verdad, se haga justicia y se ofrezcan garantías para que no ocurra de nuevo una tragedia similar.
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