Los Muertos que no Mueren. La Ironía de la Historia
Juan Vicente Gómez murió dos veces. La primera, el 17 de diciembre de 1935, cuando su cuerpo dejó de funcionar. La segunda, mucho más difícil, cuando Venezuela intentó matar su legado. Esta segunda muerte aún está pendiente.
Lo decía Faulkner, ese sureño obsesionado con fantasmas: «El pasado nunca está muerto. Ni siquiera es pasado». Gómez lo demostró: llevaba veintisiete años gobernando Venezuela, y no iba a abandonar el poder solo porque su corazón hubiera dejado de latir. Ahí seguían, tercamente erguidas, como si el tiempo no las hubiese rozado, las instituciones que habían dado forma —y justificación— al armazón legal de aquel régimen. No eran sólo estructuras de poder: eran símbolos, recuerdos vivos, inercias enquistadas en la médula de un país que fingía haber cambiado sin haber cambiado del todo. Era un enjambre, sí. Un enjambre espeso, confuso, a veces violento, hecho de inercias coloniales, de costumbres autoritarias, de miedos heredados, de silencios cómplices, de gestos aprendidos durante siglos de sumisión disfrazada de orden. Un enjambre a través del cual —a duras penas, con tropiezos, con retrocesos, con heridas— debían abrirse paso las ideas de ciudadanía, de modernidad, y esa vieja pero frágil herencia de civilismo que algunos habían intentado sembrar, casi siempre contra la corriente, desde los días fundacionales de la República; en suma, las ideas de democracia y de justicia social. Porque eso era también la historia: una lucha entre lo que se quiere ser y lo que se es, entre la luz de un proyecto y la sombra de su fracaso, entre la esperanza de una ruptura y el peso —a veces insoportable— de la continuidad.
Desmantelarlas no sería una operación rápida ni limpia: sería una guerra lenta, subterránea, plagada de resistencias sutiles y también brutales, porque nadie renuncia sin lucha a lo que cree suyo por derecho, aunque ese derecho esté manchado de miedo, de silencio o de sangre.
Pero hubo un paréntesis luminoso. Aquellos dieciséis meses—entre diciembre de 1935 y marzo de 1937—constituyen uno de los periodos más extraordinarios y menos comprendidos de la historia venezolana. Fue un instante de apertura, sí, pero sobre todo fue un experimento fallido de exorcismo colectivo.
Venezuela descubrió que podía debatir sin matarse. Descubrió que tenía una opinión pública, que existía algo llamado «sociedad civil» y que podía organizarse en gremios, sindicatos y partidos, que las palabras podían ser más poderosas que los fusiles. Que había reclamos que hacer, sí, por supuesto que los había —y no pocos, y no pequeños—, pero no era solo cuestión de levantar la voz o de agitar banderas o de repetir eslóganes vacíos. No. Era algo más hondo, más difícil, más incómodo: era, sencillamente, el momento de ponerle la mano en el pecho al autoritarismo como lo hizo el 14 de febrero. No para derribarlo a gritos ni para incendiarlo con furias pasajeras, sino para detenerlo, para decirle basta, para recordarle —y recordarnos— que había una línea que no se podía seguir cruzando sin perderlo todo. Porque a veces el verdadero acto de coraje no consiste en desafiar con estrépito, sino en oponerse en silencio, en decir no cuando todos callan, en mantenerse de pie cuando lo fácil es rendirse. Y ese momento, aunque muchos no quisieran verlo, había llegado. Fue el momento en que los venezolanos miraron al abismo y el abismo devolvió la mirada, pero alguien apartó la vista primero.
La Transición Pactada: Entre el Miedo y la Sensatez
El general Eleazar López Contreras, el protagonista principal, fue al mismo tiempo el arquitecto y el enterrador de aquella primavera. Expulsó a 47 opositores «por comunistas» el 13 de marzo de 1937, pero antes había permitido que floreciera algo que parecía democracia.
Los veintisiete años de Gómez no podían borrarse de sopetón. Esta es la verdad incómoda que muchos no querían oír entonces y que algunos no quieren oír ahora. Las dictaduras no son paréntesis: son capítulos que reescriben el alma nacional, que interrumpen, pero no por siempre la marcha hacia la libertad. Ahora lo que quedaba —lo que en realidad gobernaba— no era tanto una dictadura de hombres como una dictadura de la memoria: una memoria tramposa, selectiva, construida a base de silencios y medias verdades, erigida más para ocultar que para recordar. Bajo su imperio no se gritaba, pero tampoco se hablaba; se vivía como si el pasado no pesara, cuando en realidad lo hacía como una losa. Porque detrás de ese silencio no había paz, sino miedo: miedo al pasado, sí, a su resurrección incómoda, encarnada en Eustoquio Gómez, a sus cuentas pendientes, a sus fantasmas; pero también miedo al futuro, a ese territorio incierto donde las certezas heredadas se desmoronan y uno ya no sabe si camina hacia la redención o hacia otro abismo disfrazado de esperanza.
La transición venezolana fue un proceso más lento que las ansias de los sectores más desbocados. He aquí una verdad profunda: la democracia no se construye con impaciencia, sino con paciencia; no con rupturas traumáticas, sino con transiciones inteligentes. Y sin embargo, a pesar del miedo —ese miedo viscoso, ancestral, que no se grita pero se hereda—, y a pesar de las dudas —esas que carcomen más que el propio enemigo—, hubo dieciséis meses en los que algo se quebró, o al menos pareció quebrarse. Dieciséis meses en los que la gente habló, alzó la voz —no siempre a gritos, a veces apenas con un murmullo, pero suficiente—, y sacudió de sí el polvo del conformismo, el lodo de la costumbre, el peso de la resignación. No llegaron lejos, o no tanto como soñaban, o no tanto como hubieran querido en los días de más fervor como el 14 de febrero, los de las jornadas de junio o los transcurridos durante la huelga petrolera. Pero llegaron. Avanzaron hasta donde les dieron las fuerzas, o hasta donde les alcanzó el valor, o hasta donde pudieron sin traicionarse del todo. Tal vez —nadie lo sabe— se detuvieron no por cansancio, sino por una forma extraña de satisfacción: no la de quien lo ha conseguido todo, sino la de quien, por una vez, se ha atrevido.
¿Fue aquella una transición exitosa? Buena pregunta, sí. Tal vez la pregunta. Pero como ocurre casi siempre con las preguntas importantes, la respuesta no es simple. Depende, claro, de qué entendamos por éxito. Si por éxito entendemos evitar una guerra civil he se veía venir, esquivar el abismo del caos, salvar los muebles —aunque los muebles fueran viejos, feos y heredados del dictador—, entonces sí, lo fue. Sin duda. Fue un éxito. Un éxito relativo, parcial, frágil, pero éxito al fin y al cabo.
Ahora bien, si entendemos por éxito el alumbramiento de una democracia verdadera —una democracia con todas sus letras, sin asteriscos, sin simulacros, sin la tramposa letra chiquita, sin pactos con los fantasmas del pasado—, entonces la respuesta es otra. Porque lo que se construyó fue, en muchos aspectos, una democracia vigilada, tutelada por los herederos del régimen, hecha de renuncias, de silencios, de olvidos pactados. Una democracia nacida en la calle, no hecha sistema de Gobierno, y por tanto una democracia incompleta.
¿Fue, entonces, un éxito? Depende. Depende de lo que queramos ver, de lo que estemos dispuestos a aceptar como victoria. Algunos lo llaman consenso. Otros, claudicación. Y quizá ambos tengan razón.
Lo verdaderamente trágico —lo genialmente trágico, si se quiere usar esa expresión que suena a oxímoron, pero que acaso define mejor que ninguna otra la sustancia del periodo— es que Venezuela creyó estar inventando un país nuevo, dibujándolo a brochazos de libertad, de justicia social, de redención popular, cuando en realidad seguía escribiendo con la caligrafía temblorosa del viejo orden.
Esa es la paradoja: quiso cambiarlo todo sin cambiar lo esencial. Habló de revolución, de ruptura, de refundación, pero dejó intactas —o apenas maquilladas— las estructuras profundas del poder, los reflejos del caudillismo, las inercias autoritarias. Y por eso ese país nuevo nació lastrado con un «Inciso VI» que restringía las libertades, nació con una promesa que no sabía (o no quería) cumplir.
No hubo una verdadera ruptura, sino una suerte de transfiguración: el antiguo régimen no desapareció, se recicló, se disfrazó de pueblo. Y así, la emancipación se convirtió en un espejismo. Lo que parecía un grito de libertad terminó pareciéndose demasiado a un eco del pasado.
Paradójicamente la continuidad permitió la transformación. El fantasma de Gómez, al ser negociado en lugar de exorcizado, permitió una transición sin trauma.
Pero toda negociación con fantasmas tiene un costo: se claudica. Destacados intelectuales que pidieron moderación —Andrés Eloy Blanco, Mariano Picón Salas, Alberto Adriani, Miguel Acosta Saignes, entre muchos otros— entendieron que era mejor una transición imperfecta que una guerra perfecta. ¿Fue una traición a sus ideales o una muestra de madurez política?
La lección de 1935-37 es incómoda pero necesaria: las transiciones exitosas requieren paciencia histórica, negociación con el diablo (o con su fantasma), y la aceptación de que el cambio real es casi siempre más lento de lo que deseamos.
A veces la valentía consiste en no hacer lo heroico sino lo sensato. La Venezuela de López Contreras eligió lo sensato sobre lo heroico y el país se puso «el pañuelo en la nariz» para aceptar la instalación del Congreso y sus decisiones como sugirió Rómulo Betancourt y no se desbocó como lo instaban Jóvito Villalba y muchos comunistas. Quizá por eso estamos aquí hoy, contando esta historia en lugar de lamentar una guerra civil que nunca ocurrió.
El cadáver de Gómez sigue incómodo, pero hemos aprendido a vivir con su fantasma. O quizá el fantasma ha aprendido a vivir con nosotros.
La Comedia de las Legitimaciones y el Teatro de lo Absurdo
Lo verdaderamente trágico —lo genialmente trágico, si se me permite la expresión, aunque suene contradictoria, aunque lo sea— es que Venezuela creyó, de buena fe o de fe interesada, que estaba pariendo un país nuevo. Un país diferente, limpio, emancipado de sus ataduras seculares. Lo creyó —o quiso creerlo— mientras dibujaba con trazos gruesos, vibrantes, a veces heroicos, un relato de libertad, de justicia social, de redención de los olvidados. Pero lo hacía, y aquí está el corazón de la tragedia, con las mismas manos que habían sostenido el viejo orden, y con los mismos instrumentos, las mismas palabras, los mismos gestos.
El nuevo país, y claro que lo hubo —y no simplemente una ilusión colectiva, un espejismo útil o una narrativa necesaria—, no se edificó sobre ruinas limpias ni sobre tierra virgen, sino sobre los escombros todavía humeantes del viejo. Y eso no solo era inevitable: era, en cierto modo, deseable. Porque ningún país se levanta desde la nada. Ninguna nación nace pura, sin contaminación, sin arrastrar los vicios, las inercias, los reflejos del pasado.
Toda fundación es, en realidad, una refundación. Se parte del ayer, se arrastra el ayer, incluso cuando se quiere negar. Y así fue: el nuevo país se puso en marcha con los viejos defectos a cuestas, con sus antiguas manías y sus trampas heredadas, porque no había otra forma. Porque lo nuevo —cuando es verdadero— no nace completo ni perfecto, sino que se va haciendo: se va abriendo paso, tanteando, corrigiendo, tropezando.
Quizá sea esa la única manera: empezar con lo que se tiene, aunque esté roto. Empezar, incluso, con lo que no se quiere, para que lo que se quiere vaya tomando forma. Pero claro, hay una línea fina —delgada, casi invisible— entre aceptar el pasado como punto de partida y repetirlo como destino. Y no siempre se sabe, hasta que es demasiado tarde, de qué lado de la línea se ha caído.
Porque el pasado tiene una fuerza discreta pero tenaz: se disfraza de costumbre, de prudencia, de sentido común. Se infiltra en los gestos, en las instituciones, en las palabras que se usan sin pensar. Y cuando se quiere reaccionar, ya se ha instalado de nuevo, como si nunca se hubiera ido. Eso fue lo que algunos no vieron —o no quisieron ver— cuando celebraban la aurora del nuevo país. Que las estructuras viejas no desaparecen por decreto, que las mentalidades no se renuevan por entusiasmo, y que el poder, incluso el bienintencionado, tiende siempre a parecerse a sí mismo.
Sin embargo, no todo fue fracaso. Hubo, también, momentos de lucidez, intentos sinceros, pasos cortos pero ciertos hacia una forma distinta de habitar lo común. Lo nuevo, si bien torpe y a menudo contradictorio, logró abrir grietas, sembrar dudas, proponer otras formas de mirar. Y eso, aunque insuficiente, no fue menor. Porque a veces basta con que algo cambie apenas, con que una pequeña parte se desvíe, para que todo lo demás —tarde o temprano— comience a cambiar también.
Y quizás de eso se trataba, al final: no de inventar un país perfecto, sino de hacer uno posible.
Porque esa es la paradoja, la paradoja esencial de los procesos que se llaman a sí mismos revolucionarios pero que temen, o no pueden, o no saben, romper con aquello que los parió: se habla de ruptura, sí, y de refundación, y de comenzar de cero —siempre suena bien lo de comenzar de cero—, pero lo que se hace es, en el fondo, repetir. Repetir el guion con otros actores. O, más cruelmente aún, con los mismos actores disfrazados con otro vestuario.
Y así, el país nuevo nació con arrugas. Nació con el gesto grave de quien promete todo porque sabe que no puede cumplir casi nada. Nació prometiendo emancipación, y terminó reproduciendo —con eficacia y entusiasmo— los reflejos del autoritarismo de siempre, las estructuras de poder de siempre, el culto al líder de siempre. No hubo una ruptura, no. Hubo una metamorfosis imperfecta, una simulación eficaz: el antiguo régimen no fue derrocado, fue absorbido, reciclado, revestido de pueblo y de porvenir.
Y entonces lo que debía ser un grito de libertad terminó pareciéndose demasiado a un eco: un eco del pasado que apostaba a ser futuro.
Esta «comedia de las legitimaciones» nos enseña una verdad incómoda: las transiciones políticas rara vez son rupturas limpias. Más bien, la mayoría de las veces son negociaciones entre lo viejo que no quiere morir y lo nuevo que no puede nacer. Y en esas negociaciones, la ley suele ser el campo de batalla donde se libra la guerra más sucia—la guerra por vestir de legitimidad lo que es esencialmente ilegítimo.
Todo régimen autoritario es, en esencia, una puesta en escena. Una cuidadosa coreografía donde el poder se viste de legalidad y la farsa se representa con la solemnidad de la tragedia. Venezuela, julio de 1936: siete meses después de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, el país intenta sacudirse el polvo de la tiranía pero sigue prisionero de su arquitectura jurídica.
El Día que la Ley fue Peligrosa
El 22 de julio de 1936, los dirigentes del «Pacto Pro Elecciones 1936″—una frágil coalición de ORVE, PRP y BND del Zulia—cometen un acto de audacia sublime o de ingenuidad catastrófica: introducen ante la Corte Suprema del Distrito Federal una demanda para que se declare la nulidad de las credenciales de los diputados. Alegan lo obvio: que la Constitución de 1931 establecía renovaciones cada tres años, que estas no se realizaron en 1932 ni 1935, y que las elecciones de noviembre y diciembre de 1935 fueron un montaje tardío certificado por el gobernador Rafael María Velasco.
Es decir, piden a los jueces que reconozcan que el emperador está desnudo.
Hubo un momento en que esa simple demanda —una demanda jurídica, técnica, casi burocrática— bastó para conmover al país o más exactamente para convertir el pánico en coartada. No tanto por su contenido específico, que era legal, limpio, legítimo: se pedía la nulidad de los mandatos de los representantes al Congreso Nacional por el Distrito Federal. Nada más. Y sin embargo, bastó. Bastó esa solicitud ante la Corte Suprema para que se agitara la opinión pública como un avispero, bastó para que unos hablaran de colapso institucional, otros de golpe jurídico, y otros —los más— del fin del sistema tal como lo conocíamos.
Entre todo ese ruido, destacó una voz: la de Carlos D’Ascoli, que escribió varios artículos en el periódico «Ahora» —un diario que en aquellos días reunía a los hombres que luego fundarían Acción Democrática—, como si la historia, con su malicia habitual, estuviera ya escribiendo en borrador lo que más tarde firmaría en limpio. El texto de D’Ascoli no pretendía ser incendiario, pero lo era; no por el tono, sino por la claridad. Lo que decía era simple: la alarma era infundada, y el miedo, interesado.
“La conmoción no nace del acto jurídico en sí”, escribió, “sino del uso torcido que algunos hacen de él: de esa narrativa absurda —y sin ningún fundamento jurídico— según la cual, si se anulan esos mandatos, se desmorona el Congreso entero y con él todo el edificio institucional del país”. Un castillo de naipes, decían los alarmistas. Pero no era un castillo de naipes. Era, al contrario, una estructura que podía reformarse sin derrumbarse, que debía reformarse si quería sobrevivir.
D’Ascoli señalaba a los verdaderos responsables del pánico: los sectores retardatarios, los que se benefician de un Congreso moldeado a su imagen, y que confunden su interés personal con la salud de la república. Pero no se quedaba allí. Lo más inquietante, decía, era ver cómo ciertos periódicos y escritores que nunca antes habían mostrado pulsiones antidemocráticas —quizás ingenuamente, quizás por temor, quizás por cobardía— se convertían de pronto en profetas del desastre. El argumento que repetían, como un mantra: que si se declaraban nulos los mandatos, entonces todo lo actuado por ese Congreso perdería su validez. Caos, vacío, abismo.
Pero eso —apuntaba D’Ascoli, con algo de ironía y mucho de sensatez— no resiste ni el sentido común ni el derecho comparado. “La historia está ahí para enseñarlo, si es que queremos aprender”, escribió. Y tenía razón. Elecciones viciadas, impugnadas o forzadas han sido, una y otra vez, las puertas de entrada a la tiranía, cuando no directamente a la guerra civil. El remedio, por tanto, no es blindar lo ilegítimo, sino purgarlo.
Y sin embargo, insistía D’Ascoli, incluso si aceptáramos los peores presagios de los impugnadores de la nulidad —esa teoría según la cual la anulación de algunos mandatos arrastraría consigo todo el aparato legislativo—, el argumento no se sostiene. Porque nadie ha pedido la anulación del Congreso como tal, sino la nulidad de ciertos mandatos, analizados caso por caso. El Congreso no es una suma de individuos, sino una institución. Y sus actos, mientras no se impugnen de manera específica y válida, se mantienen. Así lo dictan la lógica jurídica, el sentido común, la práctica internacional.
Lo que buscaban los demandantes no era dinamitar el sistema. Era, al contrario, regenerarlo. Restaurar los derechos ciudadanos, devolverle legitimidad a las elecciones, permitir que el voto —esa ficción democrática tan frágil y tan poderosa— volviera a ser lo que dice ser: la expresión de la voluntad popular.
Y sí, entre los demandantes había quienes estaban de acuerdo con las decisiones tomadas por ese Congreso, incluida la elección presidencial. Y también los había que no. Pero ninguno, absolutamente ninguno, pedía la anulación de los actos legislativos en bloque. Ni la ley del orden público, ni la del paludismo, ni ninguna otra. El objetivo era otro, más concreto, más preciso, más democrático: que los congresistas lleguen por la puerta del voto limpio, no por la ventana del fraude o la imposición.
Y si eso ocurre —si la Corte anula los mandatos viciados—, no se abrirá el caos. Ocurrirá lo que debe ocurrir: que se convoquen nuevas elecciones, que las asambleas y los consejos municipales designen nuevos representantes, que el sistema democrático haga lo que dice hacer: corregirse a sí mismo. Nada más.
Pero claro, para algunos —para los que se benefician del sistema tal y como está— ese “nada más” es, en realidad, el verdadero peligro. Porque lo temen todo: temen perder sus escaños, temen perder sus privilegios, temen, sobre todo, que la democracia funcione de verdad.
Y entonces hacen lo único que les queda: gritar “catástrofe”, cuando lo que se está pidiendo es justicia.
El Espejismo de la Justicia y la Soberbia del Poder
Lo extraordinario no es la demanda, sino su recorrido por el laberinto de las cortes. Mientras en el Distrito Federal la causa avanza con la pesadez burocrática de quien sabe que está tocando los cimientos del sistema, en Lara ocurre algo inesperado: la Corte local declara nulas las elecciones de diputados.
La sentencia larense es un terremoto político. Los jueces—Jorge Saldivia Gil, E. Lameda Acosta, Heriberto González Méndez, Andrés Guevara—se atreven a leer la ley como si esta debiera aplicarse. Certifican lo evidente: que la Asamblea Legislativa cometió fraude al proclamar diputados cuyos nombres ni siquiera aparecían en los escrutinios.
La opinión nacional celebra la decisión como «reveladora de que la maquinaria judicial se mueve dentro del completo republicanismo». Es el momento mágico, ese instante que en que todo parece posible: la justicia como antídoto contra la mentira institucionalizada.
Pero los poderosos tienen una capacidad infinita para digerir la disidencia. Los diputados larenses cuyas actas fueron anuladas continúan ocupando sus curules como si nada hubiera ocurrido. La pregunta flota en el aire: «¿Es o no es sentencia inapelable la dictada por la Corte de Lara?».
La respuesta llega el 5 de septiembre. Diego Godoy Troconis, presidente de la Cámara de Diputados, articula la doctrina de la impunidad: la Cámara es soberana para calificar a sus miembros, y cualquier sentencia judicial posterior es mera sugerencia. Es la consagración de la circularidad autoritaria: el poder se legitima a sí mismo, creando una realidad paralela donde la ley es lo que el poder dice que es.
La Traición Final y la Normalización del Fraude
Diciembre de 1936. La Corte Suprema del Distrito Federal—la máxima instancia judicial—comete su acto definitivo de capitulación. Declara sin lugar la demanda usando un argumento de prestidigitador jurídico: las constituciones gomecistas de 1914 en adelante eran «reformatorias» no «constituyentes», por lo tanto el período legislativo debe contarse desde 1914, no desde 1929.
La sentencia es una obra maestra de cinismo legal. Los jueces—esos mismos que deberían guardianear la integridad del sistema—inventan categorías constitucionales para justificar lo injustificable. Sobre las actas apócrifas, se escudan en una cuestión procedural: como no fue presentada como causal principal, no la consideran.
Es el equivalente jurídico de decir que un asesinato no puede juzgarse porque la denuncia se presentó con tinta azul y no negra.
¿Qué nos queda de este episodio casi olvidado? La certidumbre de que los autoritarismos no mueren con los dictadores—sobreviven en las instituciones que corrompieron, en los jueces que aprendieron a bendecir la ilegalidad, en la clase política que internalizó que las reglas son decorativas.
El «Pacto Pro Elecciones 1936» fue derrotado, pero su derrota iluminó una verdad incómoda: que la transición de la tiranía a la democracia nunca es lineal, que los fantasmas jurídicos del pasado persiguen el presente, y que las cortes—cuando no tienen la valentía de ser justicias—se convierten en notarios de la injusticia.
La verdadera tragedia era que las injusticias se pretendieran justificar con leyes. Venezuela, 1936, nos ofrece el ejemplo perfecto: un país que quiso cambiar pero cuyas instituciones —infectadas por el virus del gomecismo—supieron convertir la esperanza en farsa jurídica. No es la historia de las grandes gestas sino de sus pequeñas cobardías. La de Venezuela está escrita en estas sentencias que legalizaron la ficción y judicializaron el fraude.
Ocho décadas después, Venezuela sigue repitiendo estas comedias con distintos actores. Las legitimaciones de poderes cuestionables, los argumentos técnicos que esconden realidades políticas, las cortes que validan lo inválidable. El chavismo —como el gomecismo— creó su propio sistema de poder que perdura más allá de su fundador. La oposición —como la de 1936— se debate entre la impaciencia radical y el realismo negociador. Son los ecos del pasado. El guion cambia, pero la esencia permanece: la ley como instrumento, nunca como fin; la justicia como espectáculo, rara vez como virtud. La historia no se repite, pero ríe con carcajadas amargas cuando reconoce sus patrones en el espejo del presente.
