Si la sociedad colombiana se encontraba ya dividida la reciente sentencia de la juez Sandra Heredia del tribunal 44 en lo penal del Circuito Judicial de Bogotá condenando a doce años de cárcel al expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha ahondado y agrandado la brecha de odio existente todavía más. Una polarización que arrastra a ambos bandos, izquierda y derecha, hacia un pasado que se pretendía olvidar y en el cual, si bien, nunca llegaron a reconciliarse, se había logrado, al menos, alcanzar una tregua en lo que va del presente siglo como un significativo primer paso en ese largo camino hacia la paz, en el cual el triunfo de la izquierda representada en Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, fue interpretado por algunos, insuflados de optimismo, como una señal esperanzadora.
Sucesos, sin embargo, como la referida decisión judicial declarando la culpabilidad por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal de quien fuera el presidente de la República de Colombia entre los años 2002 y 2010, y el abominable atentado contra el joven senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, que quedó al borde de la muerte, enturbian, por decir lo menos, la atmosfera política colombiana y entorpecen cualquier esfuerzo realizado hasta ahora por alcanzar en el futuro esa fórmula de convivencia social y política que la mayoría desea para sí y para sus hijos.
Un estado de ánimo colectivo, el actual, que refleja el sentimiento de frustración, la desigualdad social, la arbitrariedad y el monopolio del poder ejercido por unos pocos durante los sucesivos gobiernos de derecha que ha tenido el pueblo colombiano desde el siglo pasado hasta ahora, y que se reproduce en las declaraciones y opiniones tanto de los defensores de la sentencia que inculpa a Álvaro Uribe como de los que la atacan y critican como si de una herejía se tratara. En esta guerra de declaraciones a favor y en contra, contrasta la emotividad de los uribistas que la rechazan, con la reserva de emociones con que suelen dar sus opiniones quienes la defienden, sobre todo, de quienes poseen formación jurídica, en la búsqueda de un efecto conciliador como si la decisión inculpatoria del tribunal fuese una más dentro de la normalidad con que la diosa justicia imparte sus virtudes a diario. Pero no puede catalogarse de muy normal una sentencia de más de mil páginas, salpicada durante su lectura por la magistrada del tribunal con comentarios fuera de lugar e impropios del momento, que se apoya innecesariamente, en teorías tomadas del derecho anglosajón, porque al parecer el derecho penal colombiano no le bastaba, con la que termina en primera instancia un proceso judicial cuyo origen se remonta al año 2018 y que encuentra en dos grabaciones ilegales su principal argumento acusatorio contra el expresidente Uribe. Una contiene parte de una conversación entre el abogado del expresidente y un posible testigo, quien la registra en su reloj pulsera, contra Uribe, en la cual se menciona un dinero, aunque no está del todo claro para qué, obtenida sin autorización judicial alguna. Aunque la propia juez reconoce que le faltan siete minutos, lo que indica que fue editada, la da por buena. La otra fue lograda en el marco de una interceptación telefónica que duró un mes, hecha a un tercero, en un asunto distinto, cuyo número resultó finalmente ser del expresidente Uribe, y en la cual hay una conversación entre él y su abogado, que forma parte del secreto profesional, y que la sentencia relaciona con la conversación anterior. Es decir, que se ordenó pinchar el teléfono de otra persona, sin corroborar a quien pertenecía el número, y por una casualidad del destino terminó siendo el del expresidente Uribe. Las grabaciones presentadas, copias, no fueron peritadas ni contrastadas con las originales a pesar del tiempo transcurrido de siete años, violándose disposiciones internacionales y principios básicos de derecho procesal. Yo no sé si Álvaro Uribe cometió el delito del que se le acusa, pero como abogado lo que si sé es que en ninguna parte del mundo se condenaría con pruebas de esa naturaleza, que violan el estado de derecho y la seguridad jurídica de los ciudadanos, a nadie que estuviera en su misma situación.
El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe y su condena, solo pueden entenderse si se miran desde un ángulo no jurídico. Más como un proceso de justicia reivindicativa, llevado a cabo por quienes creen que la justicia formal de la leyes por si misma, no reivindica nada, ni siempre, aplicado a una época y a un estado de cosas que si bien pertenecen a un pasado repleto de inequidades, de atropellos y abusos, y hasta ahora no habían sido llevadas al banquillo de los acusados, encuentran en el expresidente Uribe a uno de sus más recientes y visibles representantes. Y quizá, por eso, no sea este el primero o el único proceso que se le siga, si le hacemos caso a algunas voces que ya se dejan escuchar en medio del polémico clima que viven los colombianos.
El viejo refrán español: Aquellos polvos trajeron estos lodos, sea, tal vez, el que explique y resuma mejor la situación que castiga a Colombia desde la llamada Década de la violencia entre los años 1948, asesinato de Gaitán, y 1958, acuerdo bipartidista del que surge el Frente Nacional, que no obstante apaciguar los ánimos y contenerlos por un tiempo, no sanó las heridas ni los resentimientos, porque en el fondo del oscuro pozo en que el pueblo colombiano se mira a la cara, las verdaderas causas de su tragedia aún se mantienen ocultas.
