Luego de las elecciones de pasado 28 de julio de 2024, los venezolanos duplicaron sus esfuerzos por no cometer “imprudencias” al escribir un comentario incómodo al chavismo, ya sea en redes o en sus estados de WhatsApp, esto debido a la vigilancia extrema que se potenció en esos días por parte de organismos del Estado.
Por: El Tiempo
Los menos cautos fueron encarcelados, algunos delatados por sus propios vecinos, al publicar en sus redes un comentario de descontento, como fue el caso de Merlys Oropeza, una joven sentenciada a 10 años de prisión por escribir en su escribir un mensaje en un grupo de WhatsApp donde criticaba a una jefa del chavismo en su comunidad. Merlys ya fue puesta en libertad.
El pasado 5 de agosto, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó a los ciudadanos desinstalar la aplicación WhatsApp, asegurando que esta era una herramienta de “conspiración” en su contra, mientras que el 8 de ese meses, el Ejecutivo anunció el bloqueo de la plataforma X, el cual se mantiene hasta hoy.
La vigilancia es real, pero el espionaje tiene sus limitaciones, pues, tal como aseguran organizaciones de derechos digitales, el Estado no puede acceder al contenido si las plataformas son cifradas y que las verdaderas amenazas a la privacidad provienen de prácticas de espionaje digital directo, sostenido y muchas veces ilegal por parte del propio gobierno.
La iniciativa “La Hora de Venezuela”, que reúne a varios medios de ese país, realizó una investigación sobre el tema del espionaje digital, advirtiendo que el Gobierno efectivamente tiene un aparato robusto que incluye interceptaciones masivas de llamadas, aplicaciones oficiales que recolectan datos sin consentimiento, monitoreo constante de redes sociales y acceso forzado a dispositivos móviles. Las organizaciones como IPYS Venezuela, VeSinFiltro y Freedom House, advierten sobre este tema.
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