En la medida en que se empantana el proceso político y económico instruido para Venezuela por Marco Rubio, los remanentes chavistas buscan posicionarse lo mejor que puedan para preservar sus privilegios. Más ahora cuando la atención de Donald Trump y de su equipo se ve atrapada por lo que luce cada vez más como un grave error de cálculo: su absurda y cruel guerra contra Irán, que amenaza con socavar seriamente su influencia en el mundo. Quienes con tanta maestría aplicaron el brinkmanship –juego de la gallina– para acumular poder y arrinconar a sus adversarios, olfatean ahora oportunidades para subir sus apuestas. Tantean cada vez más abiertamente hasta dónde podrán llegar, haciendo lo que hacían, pero bajo los gringos. Ahora, a la objeción y la angustia generalizadas por haber dejado el país en manos de los cómplices de la gesta destructora de Maduro, se suma la incertidumbre generada por los reacomodos decididos por Delcy Rodríguez. Sin duda, se confunden las expectativas que nos veníamos formulando los venezolanos sobre lo que creíamos iba a ser una transición decidida hacia la democracia.
Podría pensarse que, al apresar al dictador, se pudo cercenar también el nefasto tutelaje que ejercía el G2 cubano sobre el Estado de terror, tan central al poder fascista. Pero sus frutos siguen ahí, ocupando posiciones de mando. Destaca la presencia de Gustavo González López al frente del Ministerio de Defensa, quien fue jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) de Maduro. Sobre él pesan sanciones de la UE y EE.UU. por violación de derechos humanos. Sobre los demás nombramientos en los comandos de la FAN, sólo se puede conjeturar el desmontaje, lógico, del equipo que rodeó al sempiterno ministro López Padrino. El hecho de que algunos reemplacen a oficiales sancionados por EE.UU. podría albergar la esperanza de que, al menos, pasaron por el tamiz de la supervisión gringa. Pero, si bien es de suponer que la misión militar estadounidense habrá vaciado toda capacidad de resistencia de la FAN a su presencia, no por ello debemos confiar en que se está rescatando su institucionalidad constitucional. Para empezar, implicaría su subordinación a un gobierno civil legítimo. Y Delcy es todo menos legítima.
Junto a la permanencia de Diosdado Cabello al frente del Ministerio de Interior y Justicia, sobre quien el gobierno de EE.UU. ofrece todavía una recompensa de $25 millones por su captura, los acomodos al interior de la FAN pudieran obedecer, más bien, a la adaptación a las nuevas circunstancias, obligada, de su papel defensor de la corporación criminal sobreviviente. Como no pueden servir de garantes de la soberanía nacional –cosa de la que, de paso, abjuraron hace tiempo–, todavía pueden conservar su capacidad de atemorizar y reprimir a la población. Por distintas vías, el aparato represivo del que se valió el fascio-madurismo busca hacer ver que todavía tiene con qué atemorizar, procurando pasar agachado frente al tutelaje gringo. Porque de eso podría tratarse, precisamente, la tan cacareada estabilización: asegurar que ninguna activación de protesta popular ponga en peligro el arreglo concertado entre Trump y los hermanos Rodríguez. La clave, por supuesto, es la capacidad de su “interinato” de infringir miedo.
Para algunos, la apreciación anterior les parecerá ingrata. Después de todo lo que hicieron por liberarnos de la tiranía, es injusto pensar que los procónsules del norte adopten tal proceder. Pero, si bien no puede saberse, a ciencia cierta, cómo querrán que se desenvuelva su protectorado, el desempeño errático e impredecible de su presidente, obcecado sólo por las oportunidades pecuniarias de sus actos, lleva a que no nos fiemos. Dicho en otras palabras, no tenemos por qué suponer que, dejado sólo al esquema de estabilización-recuperación-
Lo ilustra la forma cómo se viene desenvolviendo el pregonado clima de convivencia y de reparación al amparo de la Ley de Amnistía aprobada hace ya más de un mes. No son sólo los defectos de algunos artículos, ya señalados por expertos en la materia. Es, simplemente, la indisposición a cumplir su cometido y hacer de ella, como su título indica, un instrumento de convivencia, fundamento de las posibilidades de estabilización en democracia. Este propósito está notoriamente ausente, tanto en la lentitud con que se ejecuta la ley, como en la discrecionalidad con que se aplica, sujeta a la decisión de un poder judicial abyecto, conformado en su momento como instancia de persecución y criminalización de la disidencia. Enhorabuena la liberación de los quinientos y tantos presos por razones políticas, pero, ¿y los demás –que son muchos–, militares, policías del 11A 2002, los sujetos a medidas cautelares, entre otros?
La ausencia de una pauta uniforme, de aplicación universal e indiscriminada para la amnistía lleva a temer que, sobre el ejercicio de derechos constitucionales como el acceso a la justicia, la libertad de expresión, de movilización y de participación en asuntos públicos, pende una espada de Damocles, la de la represión discrecional. Porque la potestad de ejecutarla sigue inalterada. Están los mismos jueces del tsj, las mismas leyes persecutorias, y Diosdado Cabello y González López al frente de los aparatos de represión del Estado. Y es que, por más que intenten Delcy su hermano acurrucarse afectuosamente con su nuevo jefe, su falta de legitimidad impide que prescindan de la amenaza que representa el terrorismo de Estado. Desde luego, ha de ser más sutil ahora para que los gringos no intervengan. Pero no tienen de otra para contener la amenaza que significa, para ellos y para sus cómplices, el ejercicio de la soberanía popular, ya expresada, contundentemente, el 28J. Como lo describió Robert Conquest en su libro sobre el terror de Stalin, el efecto buscado es el de sembrar incertidumbre sobre quién y el por qué cae la represión: el terror de saber que le puede ocurrir a cualquiera, inculcado por la discrecionalidad (y crueldad) de un Estado que no necesita explicar por qué le aplasta. En Venezuela, los instrumentos están ahí presentes.
Lamentablemente, el problema no sólo atañe al ejercicio de las libertades civiles, en primer lugar, la de elegir a quién encargar el gobierno y cómo debe dirigir el país. En materia económica y en la recuperación de los servicios públicos, es poco lo que puede esperarse de no abrir rápidamente los cauces para activar la participación de las mayorías, aprovechar la iniciativa, vigilancia y acción propositiva de asociaciones ciudadanas, gremios, organizaciones y de individuos con ideas. Porque ni la producción petrolera, ni la recuperación de los servicios públicos, ni mucho menos la administración eficiente del Estado y de los recursos públicos, es un problema exclusivamente técnico. Es menester contar con personas motivadas, calificadas, comprometidas con objetivos y metas creíbles, y bajo la coordinación de un liderazgo confiable, legítimo y con acceso a recursos externos, para que el país pueda dar el salto hacia adelante en correspondencia con sus potencialidades. ¿Cuántas inversiones extranjeras van a venir si no se despeja rápidamente un marco legal que genere certidumbre y confianza? ¿Por qué habrá de regresar el inmenso talento que huyó, si no se acaba con la inseguridad jurídica? ¿Cómo meterle el hombro a la reconstrucción del país con los derechos laborales conculcados, los medios censurados, los servicios colapsados y las corruptelas sin freno a causa de la falta de transparencia y control popular? Es decir, ¿cómo esperar que el país funcione sin un cambio (overhaul) exhaustivo de sus instituciones? Y mientras, la inflación se come los ingresos de la gente, Cumaná se queda sin agua, los apagones arremeten.
Más allá de las leyes represivas aprobadas a lo largo de estos años, la perversión institucional reside en la complicidad criminal de las personas de carne y hueso que las ejecutan, despreciando el sentido del ordenamiento constitucional. La violación extendida pero a la vez discrecional de los derechos de los venezolanos, incluido el derecho a una vida digna, es obra de individuos concretos, todavía apoderados de algunas palancas decisorias del Estado. Limpiar las instituciones debidamente sólo puede hacerse recuperando la soberanía popular para asegurar que estos derechos se cumplan. Para ello es crucial su expresión en los poderes legislativo y ejecutivo para sanear, de acuerdo con sus atribuciones, también el poder judicial. Para eso hacen falta elecciones creíbles, realizadas en libertad, con garantías y bajo supervisión internacional. Y las condiciones para lograrlas se ponen a prueba con la designación pronta del fiscal general, el retorno, con garantías, de María Corina Machado, la culminación debida del proceso de amnistía, el restablecimiento pleno de la las libertades de pensamiento y de comunicación, y el respeto a las movilizaciones salariales y por la prestación de servicios, entre otras cosas. Ahí está la agenda democrática, llenar esos espacios y ampliarlos para el ejercicio activo de la soberanía popular.
Un hito decisivo será establecer que la ausencia de presidente constitucional en Venezuela es absoluta, no provisional, por lo que debe convocarse a elecciones dentro de los 30 días consecutivos siguientes (Art. 233). La Asamblea Nacional, el 3 de abril, no puede seguir evadiendo el asunto. Serán 90 días de la captura de Maduro y, aún inventando que la falta es temporal, los obliga el Art. 234 de la constitución. Por demás, el vació de poder se consumó el 10 de enero de 2025, cuando Maduro usurpó el triunfo incontestable de Edmundo González Urrutia el 28J. Si faltara más, vuelve a alegarse, ahora, la existencia de pruebas de que es colombiano de nacimiento y, por tanto, imposibilitado para ejercer la presidencia, sin mencionar las tramposerías con que se hizo elegir en 2018.
En fin, Jorge Rodríguez y la Asamblea Nacional designada el año pasado tienen en sus manos la papa caliente de decidir cómo resolver lo del vacío de poder, sin poner en contra a sus nuevos jefes. El desafío de las fuerzas democráticas, es procurar, con la movilización vigilante y consciente de la gente, que se atenga a los preceptos constitucionales. De no ocurrir así, no debe quedar factor, sea el tutelaje gringo, las empresas petroleras, el empresariado nacional, los trabajadores, las universidades o la FAN, que no tenga claro que estarían intentando conculcar el anhelado proceso de transición democrática. Hay que impedir, como sea, que se atrincheren los opresores en el poder. Ya han causado demasiado daño.
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com
