En el marco de uno de los encuentros energéticos más importantes del mundo, el economista venezolano Gustavo García —jefe del equipo económico de María Corina Machado— dejó un mensaje contundente: el futuro petrolero de Venezuela no depende de sus reservas, sino de su institucionalidad.
Por lapatilla.com
Desde un evento que congrega a más de 2.000 líderes globales del sector energético, incluyendo ejecutivos de las principales empresas petroleras, financieras y tecnológicas, García ofreció una radiografía clara sobre el interés —y las limitaciones— que hoy enfrentan los inversionistas internacionales frente al caso venezolano.
Interés global en Venezuela, pero con condiciones claras
García, quien lidera los planes económicos dentro del programa de gobierno de María Corina Machado, participó en múltiples reuniones con actores clave del sector energético mundial, así como con representantes del gobierno de Estados Unidos.
Según explicó, el interés por invertir en Venezuela es real y generalizado.
“Hay un interés enorme de las empresas del mundo de los hidrocarburos, petróleo, gas y servicios petroleros de invertir en Venezuela”, afirmó.
Sin embargo, ese interés está condicionado a un factor determinante: la existencia de un marco institucional sólido, confiable y predecible.
El mensaje de las grandes petroleras: sin reglas claras, no hay inversión
Uno de los puntos más relevantes de la intervención de García fue la coincidencia entre las grandes compañías energéticas internacionales.
Ejecutivos de empresas como Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips han sido claros: no están dispuestos a realizar inversiones de gran escala en Venezuela bajo las condiciones actuales.
“En este marco institucional y legal no vamos a invertir grandes cantidades de dinero a largo plazo”, resumió García, citando el consenso de estas compañías.
Las empresas reconocen que pueden aumentar ligeramente la producción en los campos donde ya operan —con incrementos estimados entre 150.000 y 200.000 barriles diarios en un plazo de 18 a 24 meses—, pero descartan compromisos mayores sin cambios estructurales.
La razón es clara: el actual entorno venezolano carece de seguridad jurídica, transparencia y estabilidad.
El problema no está en el petróleo, sino en el Estado
García fue enfático en señalar que Venezuela posee condiciones excepcionales desde el punto de vista energético.
Entre ellas destacan:
Las mayores reservas probadas de petróleo del hemisferio occidental
Costos de producción altamente competitivos
Amplias capacidades para expandir la producción
De hecho, explicó que el precio de equilibrio del petróleo venezolano podría ubicarse en torno a los 27 dólares por barril, uno de los más bajos de la región.
“El riesgo de Venezuela no está en el subsuelo, está arriba del suelo. Es institucional, es legal”, afirmó.
Este diagnóstico resume el principal obstáculo para el desarrollo del sector: no es geológico ni técnico, sino político e institucional.
Un marco legal discrecional que espanta inversiones
Otro de los puntos críticos señalados por García es la actual legislación en materia de hidrocarburos.
Según explicó, el modelo vigente presenta múltiples problemas:
Alta carga fiscal (regalías + impuestos adicionales + altisimo ISLR)
Falta de transparencia en las condiciones de inversión
Negociaciones discrecionales caso por caso
Ausencia de reglas claras y estables
“Las empresas no quieren negociar en un cuarto oscuro con cada ministro… necesitan reglas claras, predefinidas”, señaló.
Además, la falta de mecanismos confiables de arbitraje internacional agrava la desconfianza.
Venezuela se ha retirado de instancias clave de resolución de disputas, lo que deja a los inversionistas sin garantías jurídicas frente a posibles conflictos.
PDVSA: un socio inviable para nuevas inversiones
García también abordó el rol de PDVSA en el futuro del sector.
Lejos de ser un activo atractivo, la estatal petrolera es vista como un obstáculo para nuevas inversiones.
“Nadie se va a asociar con un socio que está quebrado, lleno de deudas y sometido a demandas internacionales”, afirmó.
En este sentido, adelantó que una eventual apertura del sector petrolero contemplaría la posibilidad de operar sin la obligación de asociarse con PDVSA, rompiendo con el modelo tradicional.
La condición indispensable: legitimidad política
Más allá del marco legal, García subrayó que el elemento central para destrabar la inversión es la legitimidad institucional.
Las empresas no solo exigen reglas claras, sino también un gobierno reconocido por la comunidad internacional.
“Hasta que en Venezuela no haya un gobierno legítimo reconocido internacionalmente, no se puede invertir a largo plazo”, enfatizó.
Esto implica necesariamente un proceso electoral transparente que permita reconstruir la confianza en las instituciones.
García destacó que incluso desde el gobierno de Estados Unidos existe una expectativa clara en ese sentido, con llamados a establecer un cronograma electoral verificable.
La propuesta económica: reglas claras y apertura
El equipo económico de María Corina Machado plantea una transformación profunda del sector energético basada en tres pilares:
Reinstitucionalización del país mediante elecciones libres
Reforma del marco legal con reglas transparentes y estables
Sistema fiscal competitivo y predecible
El objetivo es crear un entorno donde los inversionistas puedan proyectar sus inversiones a largo plazo sin riesgos arbitrarios.
Deuda y credibilidad: otro reto clave
García también abordó el tema de la deuda, particularmente la de PDVSA.
Aseguró que un eventual nuevo gobierno respetará las deudas legítimas, pero adelantó que será necesaria una reestructuración.
“Esa deuda tiene que ser reestructurada con un gobierno legítimo para que sea sostenible”, explicó.
El tratamiento de los acreedores dependerá del tipo de deuda y del contexto en el que fue adquirida, diferenciando entre inversiones productivas y activos financieros de alto riesgo.
Optimismo con cautela
Al cierre de su participación, García expresó una visión moderadamente optimista sobre el futuro de Venezuela.
“Tengo un optimismo cauto… el potencial está, pero depende de que resolvamos el problema institucional”, afirmó.
La conclusión es clara: Venezuela tiene todo para convertirse nuevamente en un actor energético de primer nivel, pero ese potencial solo se materializará si se restablecen las bases fundamentales del Estado de derecho.
La intervención de Gustavo García deja un mensaje contundente para la comunidad internacional y para los venezolanos: el futuro económico del país no está limitado por sus recursos, sino por sus instituciones.
Sin seguridad jurídica, sin reglas claras y sin legitimidad política, las grandes inversiones seguirán en pausa.
Pero con un cambio estructural —basado en democracia, transparencia y estabilidad— Venezuela podría experimentar uno de los mayores procesos de recuperación económica de la región.
