Los venezolanos ansían un cambio verdadero y cuanto antes porque, hasta ahora, no se ha producido y el país lo reclama con urgencia.
Frente a esta angustia generalizada no han faltado quienes piden paciencia y espera, unos por cálculos políticos perversos y otros de buena fe, sin faltar los ingenuos de siempre. Pero la verdad es que, después de tres meses de los acontecimientos del pasado 3 de enero, el planteamiento de comenzar cuanto antes la transición hacia la redemocratización de Venezuela surge como un reclamo colectivo, justo y valedero, desde todo punto de vista.
Hasta ahora lo único que se ha producido es el total acatamiento de la jerarquía interina del régimen a los órdenes del gobierno de Estados Unidos, especialmente en materia de petróleo y economía, pero en cuanto a la política interna y al logro de una auténtica transición es muy poco lo actuado. Y, sin embargo, a pesar de la prioridad otorgada a los asuntos económicos y financieros por los tutores gringos y los tutelados de aquí, los venezolanos siguen siendo acosados por el desempleo, los salarios miserables -los peores del continente-, el empobrecimiento de las clases medias y bajas, la crisis generalizada de la salud, el desastre de la educación a todos los niveles, el alto costo de la vida, la inflación y los pésimos servicios públicos, entre otras desgracias nacionales.
En el campo político continuamos atados en muchos sentidos al mismo pasado chavomadurista autoritario, ahora continuado por sus herederos. Revísese este sentido la supuesta amnistía, por ejemplo, que sigue siendo una falsedad conceptual y ajena a lo que ese concepto jurídico significa en verdad. Una amnistía auténtica no condiciona a quienes beneficia, ni los discrimina si en verdad persigue un objetivo de conciliación y unidad nacional. Bien se sabe que excarcelaron -sin darle libertad absoluta, como debió ser- unos cuantos presos políticos, pero la gran mayoría siguen injustamente detenidos y no han cesado ciertas prácticas represivas y de amedrantamiento.
De la misma manera tampoco se ha procedido a regularizar como es debido la situación de más 10.000 personas que siguen sujetas a medidas restrictivas de libertad, sin olvidar los millones de venezolanos -muchos de ellos forzosamente exiliados- que no han podido regresar al país por motivos de seguridad y ausencia de garantías. En este sentido, hay que recordar que las auténticas amnistías decretadas en 1935 y 1958 por los presidentes López Contreras y Larrazábal, al igual que los indultos concedidos por Caldera en 1969, no condicionaron ni discriminaron a quienes resultaron beneficiados y, desde el punto de vista político, sin duda abrieron nuevas etapas históricas en Venezuela, caracterizada cada una por el respeto al adversario político, el diálogo y la participación de todos los venezolanos en la forja de su propio destino.
Igualmente se ha retardado de manera intencional la declaratoria de falta absoluta por parte de quien ocupaba la presidencia de la República el 3 de enero. Ya se han visto las maniobras judiciales para impedirlo y así prolongar el interinato actual, en abierta violación de la Constitución Nacional en sus artículos 233 y 234. Resulta obvio que pretenden continuar en el poder con menosprecio absoluto por la voluntad de la gran mayoría de los venezolanos y para lograr ese objetivo están dispuestos a todo, como lo demostraron en los pasados 27 años.
Las instituciones venezolanas continúan estando manipuladas a todos sus niveles por la cúpula interina en el poder, al igual que antes del tres de enero, y de espaldas al sentir nacional de cambio cuanto antes. Se pretende prolongar lo mismo del pasado y por eso siguen maniobrando para designar a un nuevo fiscal y nuevo defensor a sus órdenes. Tampoco podemos obviar el secuestro de los partidos políticos por parte del régimen y las absurdas e inconstitucionales “inhabilitaciones políticas” permanecen vigentes.
Por todas estas razones resulta urgente un verdadero cambio político. Quienes aún continúan en el poder son los mismos que con Chávez y Maduro arruinaron al país, liquidaron la democracia, persiguieron a la disidencia política y obligaron al destierro a millones de venezolanos que no consiguieron empleo ni oportunidades en su propia patria.
En consecuencia, ese interinato está incapacitado para producir el cambio necesario. Por eso es urgente que la verdadera oposición democrática, legitimada por los venezolanos el 28 de julio de 2024 y liderizada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, debe ser la que los sustituya democráticamente y dentro de un ambiente de la mayor unidad nacional, sin exclusiones ni exclusivismos.
Mientras no se redemocratice al país no se podrá tampoco lograr la estabilización política ni su recuperación económica y fiscal. Pensar que estas dos últimas son más importantes que el primer y fundamental objetivo resultará, a la postre, más perjudicial aún para todos, incluidos quienes, por ahora, siguen detentando el poder.
La auténtica democracia que aspiramos los venezolanos también importa en esta histórica coyuntura. Y hay que luchar por ella, con denuedo y coraje.
