La organización no gubernamental (ONG) Foro Penal denunció el miércoles 25 de marzo que algunos tribunales “se están negando” a entregar a familiares de presos políticos las copias de las decisiones en las que se niega la aplicación de la Ley de Amnistía.
“Hemos recibido varias denuncias señalando que algunos tribunales se están negando a darle a los familiares, que se las solicitan, las copias de las decisiones en las que niegan la amnistía», aseguró el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, en su cuenta de X.
Himiob calificó como “grave” esta medida debido a que sin la copia de la decisión del tribunal, las personas no pueden apelar la medida.
El 13 de marzo, el Foro Penal denunció que los tribunales venezolanos han comenzado a negar la aplicación de la Ley de Amnistía a personas que, según la organización, cumplen con los requisitos.
Un desconocimiento de la Ley de Amnistía
Cuando los tribunales venezolanos comenzaron a negar la Ley de Amnistía, Himiob señaló que estas actuaciones implican un desconocimiento de la legislación vigente y de la instrucción emitida por el Parlamento venezolano.
“Esos jueces están desconociendo la ley, y además la orden (que es una orden, no una ‘sugerencia’) que les dio la Asamblea Nacional”, afirmó.
Por su parte, el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, cuestionó que funcionarios del sistema de justicia pretendan justificar decisiones que, a su juicio, vulneran derechos fundamentales.
“Voy a decir algo muy obvio: los jueces o fiscales no pueden justificar su complicidad, encubrimiento o actuaciones —como negar amnistías o violar derechos humanos, por ejemplo el derecho a la defensa— alegando que actuaron por recibir órdenes superiores”, sostuvo.
El 13 de marzo, Perkins Rocha, abogado y asesor jurídico de la mayor coalición opositora y de la líder María Corina Machado, denunció que el tribunal le negó este beneficio. A este caso se suma el de los seis dirigentes sindicales que recibieron la misma respuesta a su solicitud de amnistía.
Los perjudicados con la medida fueron los sindicalistas Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo, detenidos entre el 4 y el 7 de julio de 2022, y condenados en agosto de 2023 por los delitos de conspiración y asociación para delinquir, según informó el entonces fiscal general, Tarek William Saab.
41,65 % de los presos políticos en Venezuela quedaron excluidos de la Ley de Amnistía
El sábado 22 de marzo, las ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Alerta Venezuela denunciaron que la Ley de Amnistía ha funcionado más como una herramienta de gestión política que como un proceso de reparación integral.
“Este ‘espejismo jurídico’ permite al Estado administrar la libertad de los detenidos con el objetivo de mitigar la presión diplomática y obtener legitimidad internacional, mientras mantiene intactas las estructuras coercitivas que originaron las detenciones”, señala el informe El balance de la arbitrariedad (2014-2026).
En este documento, publicado el 20 de marzo, las ONG indicaron que 41,65 % de las personas detenidas por motivos políticos quedaron excluidas de la Ley de Amnistía. También denunciaron que las mujeres presas políticas han enfrentado violencia sexual, amenazas y hacinamiento en centros de reclusión.
El informe concluye que, para avanzar hacia “una reconciliación genuina”, es necesario desmantelar las estructuras de control y realizar una auditoría independiente del sistema penitenciario.
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