“Mi hijo está preso por un expediente falso y los tribunales lo saben”, así resume Antonia Azuaje, madre del Tcnel. Julio César Riobueno, el proceso judicial que mantiene encarcelado al oficial desde el 2 de octubre de 2024. Detenido por la DGCIM, desaparecido durante casi un mes, torturado y en indefensión, enfrenta un juicio que su defensa califica de viciado desde el origen, marcado por imputaciones irregulares, recursos negados y parcialidad judicial que lo mantiene recluido en la cárcel Yare II.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
Antonia Azuaje de Riobueno, profesora jubilada de 76 años, residenciada en Valle de La Pascual, estado Guárico, le dice a Infobae que su hijo, el teniente coronel (GNB) Julio César Riobueno Azuaje, era el comandante del Destacamento Nro. 116 GNB en el Zulia, cuando la DGCIM lo detiene, el 2 de octubre de 2024, lo mantiene en desaparición forzada, durante 26 días, lo somete a torturas, desaparición forzada e incomunicación.
“Está sometido a un proceso de indefensión jurídica, lleno de irregularidades, mentiras y violación a sus derechos fundamentales. Su expediente ha sido construido basado en la mentira y abuso de poder”.
Al oficial le imputaron tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas (modalidad transporte), asociación, interferencia de la seguridad operacional y de la aviación civil, y porte ilícito de arma de fuego.
Las actuaciones de la fiscal nacional antidrogas Rosalba Hernández, que presentó acusación el 12 de diciembre de 2024, y la jueza Giuliana Nicole Genesi Peñaloza, del Tribunal Quincuagésimo de Control, evidenciarían una secuencia de imputaciones y presuntas irregularidades procesales durante la fase de control, en los expedientes MP-128039-2024 (Fiscalía) y 21J-1573-25 (órgano jurisdiccional).
Los abogados de Riobueno sostienen que las supuestas fallas serían de tal gravedad que una solicitud de control judicial no solo habría sido negada, sino que fue incorporada al expediente con fecha anterior a la fijación de la audiencia preliminar, lo que evidenciaría parcialidad a favor de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Ministerio Público.
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