Un grupo de familiares de los militares detenidos por el caso denominado Operación Gedeón denunciaron el agravamiento de las condiciones de reclusión y el uso de prácticas contrarias a los derechos humanos en el Centro de Procesados y Penados Militares Guaicaipuro, en Charallave, estado Miranda.
De acuerdo con un reporte del periodista Seir Contreras, compartido en su cuenta de X el 2 de abril, los parientes de los detenidos realizaron la vigilia número 79 a las afueras de El Helicoide, en Caracas, para solicitar el cese de lo que calificaron como torturas y tratos crueles.
“No quieren liberar a los presos políticos militares. Se están ensañando contra ellos. Los desnudaron por 15 días pero vamos a seguir denunciando todo. El Fuerte Guaicaipuro es una cárcel para matarlos lentamente”, señaló una de las parientes durante la vigilia.
Los denunciantes señalaron que, tras el traslado de los detenidos desde El Helicoide hacia el recinto de Charallave el 31 de julio de 2025, los oficiales permanecieron los primeros seis meses en una situación de aislamiento total.
El contacto con sus familias se reactivó en febrero y de acuerdo con los testimonios recabados durante la jornada, los detenidos les informaron que el régimen de reclusión incluye la privación de vestimenta por lapsos de hasta 15 días consecutivos, empujones, comida lanzada al piso y restricciones para el lavado de manos de los internos luego de hacer sus necesidades fisiológicas.
Irregularidades en el Fuerte Guaicaipuro
La descripción de los hechos realizada por los asistentes a la vigilia también incluyó denuncias sobre irregularidades en la administración de los alimentos, los cuales aseguran que son entregados en condiciones inapropiadas.
Asimismo, se reportó la implementación de mecanismos para impedir el descanso de los detenidos, una práctica que los familiares vinculan con una estrategia de debilitamiento físico y psicológico dentro del centro penitenciario militar.
Ante la situación descrita, los allegados de los oficiales extendieron una petición de auxilio a la comunidad internacional, y aseguraron que entregaron formalmente una carta en la embajada de Estados Unidos para solicitar su apoyo y que intercedan por la liberación de los militares de la Operación Gedeón, a pesar de que los casos militares quedaron excluidos de la Ley de Amnistía.
“Embajadora Laura Dogu, por favor, ayúdenos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Los quieren matar? Dejamos una exposición de motivos en la Embajada de EE UU, esperamos tener respuesta lo más pronto posible”, expresó una de las asistentes a la vigilia.
La solicitud central de los familiares es el traslado inmediato de los militares a otro centro de reclusión que garantice el cumplimiento de los estándares mínimos de tratamiento penitenciario.
Las autoridades del sistema de justicia no han emitido un pronunciamiento oficial que responda a los señalamientos presentados durante la vigilia.
Segunda visita a los militares detenidos
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó el 13 de marzo que permitieron una segunda visita de los familiares de los militares detenidos por la Operación Gedeón.
“En esta oportunidad sus familiares los vieron más recuperados, a diferencia de la última visita en la cual los observaron muy flacos, temblorosos y en mal estado general”, detalló el OVP.
Nancy Peñaloza, madre del sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), José Antonio Moreno Peñaloza, confirmó al OVP que les permitieron entregar paquetería con alimentos y artículos personales a sus familiares detenidos.
“Ellos necesitan las condiciones que todo privado tiene que tener, así como Maduro está en esa cárcel allá en Estados Unidos y tiene todas las condiciones, tiene su abogado y está atendido médicamente”, aseveró.
La madre del militar detenido contó que se presentaron en la Cruz Roja Internacional, pero les dijeron que las autoridades no les permiten acceso a estos detenidos para poder realizarles un chequeo médico.
El 3 de abril, el Foro Penal confirmó que 490 personas se encuentran detenidas en Venezuela por motivos políticos. De esta cifra de presos políticos, 187 son militares, mientras que 303 son civiles.
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