Personas que “posean las credenciales necesarias” y que además tengan “el aval y respaldo político del país”. Estas son las dos condiciones que la Asamblea Nacional asegura estar considerando para la selección del nuevo fiscal general de la República y del defensor del Pueblo, según afirmó su presidente, el diputado Jorge Rodríguez.
Rodríguez señaló que el proceso de postulaciones ha “estado marcado por credenciales en la gran mayoría”, pero admitió que “también había algunos malandros que se quisieron colar”, a quienes “los raspamos”, dijo . Pero, al revisar las distintas listas de candidatos publicadas por el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano en los últimos días, Transparencia Venezuela identificó varios nombres que no cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución Nacional y en las leyes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Entre los más de 100 aspirantes a reemplazar a los salientes Tarek William Saab y a Alfredo Ruiz figuran exjueces, exfiscales, exministros, exdiputados y otros actores políticos. Algunos de los postulados fueron sancionados e incluso destituidos de sus cargos por estar incursos en prácticas indebidas.
Lo anterior no debería sorprender, pues todo el proceso ha estado marcado por irregularidades. La primera de ellas se relaciona con la designación del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, órgano encargado de revisar las credenciales de los aspirantes. A finales de febrero, la Asamblea Nacional nombró una comisión preliminar presidida por el diputado Giuseppe Alessandrello.
La decisión del Parlamento contraviene lo establecido en el artículo 279 de la Constitución Nacional y en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Ambas normas señalan que la tarea de designar a quienes revisarán las credenciales de los candidatos corresponde exclusivamente al Consejo Moral Republicano, es decir, al fiscal general, al contralor y al defensor del Pueblo.
Lo que no dice expresamente la Constitución venezolana
Los requisitos previstos en la Constitución Nacional y las leyes para ocupar el puesto de fiscal general y defensor del Pueblo son genéricos.
La ausencia de disposiciones que establezcan incompatibilidades claras, sanciones por militancia activa y otros mecanismos estrictos para garantizar la independencia han permitido que, en los últimos cinco lustros, personas con marcada tendencia política hayan ocupado esos cargos, subordinando a esos organismos a intereses partidistas y utilizándolos como armas contra sus adversarios.
El Poder Ciudadano está diseñado en la Constitución venezolana como un órgano de control del poder, no como actor político. Y, por ello, no debería ser cooptado por los partidos políticos.
Una revisión de las listas de postulados ha permitido identificar a candidatos que repiten el patrón antes expuesto. Un ejemplo es el abogado Joel Darío Altuve Patiño, postulado para dirigir el Ministerio Público, quien en su cuenta de X (antes Twitter) se presenta no solo como “juez penal y abogado”, sino también como “chavista, revolucionario y bolivariano”.
Lo mismo podría decirse del abogado José Luis Alcalá Rhode, quien fue secretario de Gobierno en la Gobernación del Zulia durante la última gestión de Manuel Rosales y antes director de la Policía de Maracaibo.
Otros postulados con claras simpatías políticas son el abogado Julio Lattan, presidente del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos; el exconcejal y exdirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Enrique Ochoa Antich; y el exalcalde de Chacao y exdirigente de Voluntad Popular, Emilio Graterón.
Todos ellos aspiran a dirigir la Defensoría del Pueblo, a pesar de que el artículo 20 de la ley que regula a este organismo— que se encarga de velar por los derechos humanos de los venezolanos— establece que el defensor debe estar exento de “todo cargo o actividad de carácter político-partidista”.
Destituidos y sancionados
Otro nombre que resalta en las listas de candidatos a fiscal general y defensor del Pueblo es el del abogado Gilberto Landaeta Gordon. Se desempeñó como fiscal 8° nacional y se dio a conocer por integrar el equipo que investigó el asesinato del fiscal Danilo Anderson, ocurrido en noviembre de 2004. La actuación de Landaeta fue muy cuestionada, pues se le acusó de tolerar abusos y malos tratos contra algunos sospechosos. No obstante, fue retirado del caso y posteriormente destituido, luego de un incidente con la Policía de Vargas ocurrido en 2006, por el que fue procesado por abuso de autoridad y porte ilícito de armas, y luego sobreseído en 2011.
En la lista está Elías Álvarez Leal, quien fue juez 7° de Juicio de Caracas y tuvo en sus manos casos sonados como el que se siguió a María Corina Machado por la financiación de Súmate, el asesinato de los estudiantes en el barrio Kennedy en 2005 y el juicio por difamación que el fallecido exdiputado y exgobernador de Guárico, Willian Lara, le abrió al constitucionalista Tulio Álvarez.
El entonces juez fue suspendido sin goce de sueldo por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en 2009, aunque posteriormente logró que la medida fuera levantada por el Tribunal Disciplinario Judicial.
Dudas sobre las credenciales
Varios de los aspirantes generan dudas, pero no solo por su pasado, sino también por sus credenciales. Uno de ellos es el actual encargado del Ministerio Público: Larry Devoe.
“Devoe ni fue juez ni fiscal. El grueso de su carrera la desarrolló en la Defensoría del Pueblo y luego en el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Tampoco ha ejercido como abogado litigante en Venezuela; lo más cercano a esto ha sido su tarea como Agente del Estado ante organismos internacionales de derechos humanos”, apuntó un exintegrante del Poder Judicial.
A lo anterior hay que añadir que no posee estudios de cuarto nivel en el área penal, sino un máster en Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia (España) y otro en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares (España).
Las mismas inquietudes sobre credenciales suficientes las generan la profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Eglée González Lobato; el periodista y exembajador venezolano Julio César Pineda; el abogado Juan Ernesto Garantón (no confundir con su padre, Juan Garantón); la exdiputada por la Mesa de la Unidad Democrática, Marialbert Barrios; y el periodista Vladimir Villegas, quienes figuran como candidatos a defensor del Pueblo.
Los currículos de los candidatos antes mencionados no evidencian que cumplen con uno de los pocos requisitos exigidos en el artículo 280 de la Constitución para desempeñar este puesto: contar con “manifiesta y demostrada competencia en materia de derechos humanos”.
Por mencionar el caso de Villegas, durante su tiempo como presidente de Venezolana de Televisión (VTV) difundió una conversación telefónica del fallecido director del diario “Tal Cual”, Teodoro Petkoff, grabada ilegalmente, lo cual constituyó una clara violación del derecho a la privacidad. También autorizó el inicio de las transmisiones del polémico programa “La Hojilla”, desde el cual se denigró y atacó a la disidencia y a activistas de derechos humanos, como denunciaron organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Unos pocos
Pero en las listas también figuran candidatos que sí cumplen con los requisitos para desempeñar los cargos. Entre ellos están las abogadas René Moros Troconis y Magaly Vásquez.
Moros fue juez de primera instancia y magistrada de la Corte de Violencia contra la Mujer de Caracas, mientras que Vásquez es decana de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), con una larga trayectoria como litigante y fue corredactora del Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Ambas aspiran a dirigir la Fiscalía.
Por su parte, Alejandro González Plessmann, quien fue integrante del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), aunque parece cumplir las condiciones para ser defensor del Pueblo, el haber sido vicerrector de la Universidad Nacional de la Seguridad (Unes), creada en 2009 por Hugo Chávez, y el haber confrontado injustamente al movimiento venezolano de derechos humanos en el pasado constituyen puntos cuestionables en su trayectoria.
