El empresario Iván Frinchi, representante del sector comercial en la región, denunció públicamente una red de «terrorismo judicial» que, según afirma, opera mediante la coautoría entre fiscalías y tribunales locales para perjudicar la inversión privada y el progreso económico del estado Bolívar.
lapatilla.com
Frinchi señaló que durante tres años han luchado contra irregularidades en la administración de importantes centros comerciales de la ciudad —entre ellos el Centro Comercial El Trébol, en la parroquia Cachamay—, donde las denuncias interpuestas por los propietarios han sido sistemáticamente bloqueadas o anuladas por el Ministerio Público.
El empresario reveló que, lejos de investigar las denuncias sobre irregularidades administrativas y de condominios, la Fiscalía inició procesos en contra de los propios denunciantes.
«Fuimos investigados e imputados sin saberlo. A nuestras espaldas se nos colocaron medidas cautelares en los expedientes FP-12P20245462 y MP-182232024, violando nuestros derechos constitucionales y el derecho al trabajo de nuestros abogados, quienes también fueron censurados», denunció Frinchi.
Actualmente, los afectados cumplen 18 meses con medidas restrictivas, que incluyen: prohibición de salida del país, prohibición de enajenar y gravar bienes y congelación de cuentas bancarias.
Falta de respuesta
La denuncia apunta directamente al fiscal Wilmer Pagola, quien según Frinchi, ha sido denunciado en cinco oportunidades ante distintas instancias de la Fiscalía sin que hasta la fecha existan resultados.
El empresario también destacó que existen auditorías previas realizadas por organismos como el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) que evidencian irregularidades en los centros comerciales, pero que han sido ignoradas por el sistema judicial regional.
«Si los copropietarios no pueden exigir sus derechos, ¿qué queda para los más de 1.300 inquilinos que están obligados a pagar sin recibir explicaciones?», cuestionó.
Llamado a las autoridades
Ante lo que califica como un «atropello institucional» que se gestó bajo el despacho de la anterior Fiscalía Superior, Frinchi hizo un llamado urgente al fiscal general de la República para que asigne un fiscal nacional contra la corrupción que se traslade al estado Bolívar.
«Lo que buscamos es transparencia. Ya los casos están llegando a la Sala de Casación Penal y no descansaremos hasta que se restablezca la legalidad y la justicia para el sector empresarial de Guayana», concluyó.
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