Las calles de Chile tienen un antes y un después desde que empezaron a delinquir en su territorio bandas extranjeras de crimen organizado, en especial, el Tren de Aragua (TDA), cuyas redes se han expandido en 14 de sus 16 regiones, desde Arica, en el norte, a Los Lagos, en el sur. La megabanda ha operado tanto con su nombre original -en el caso de Tarapacá- como con franquicias y distintas células que le tributan económicamente a la organización: La Compañía, Los Gallegos, Los Piratas de Aragua, La Hermandad, Los Mapaches y Los Hermanos Cartier, entre otras. Su presencia ha influido en que los homicidios se volvieran más violentos -entre ellos dos múltiples- y surgieran nuevos delitos, como los sicariatos. También en los secuestros, en especial en 2022 cuando subieron un 68% respecto de 2021; se triplicaron las víctimas de trata de personas para explotación sexual y de tráfico de migrantes a partir 2023; irrumpieron las extorsiones y se han descubierto casas de torturas. En muchos de estos casos, las víctimas son extranjeras, la mayoría de Venezuela, del mismo origen que el TDA. Pese a su rápida expansión, Chile ha logrado detener a más 330 de sus integrantes. El último de ellos es Alfredo José Henríquez Pineda, el Gordo Ale, implicado en el crimen del disidente de Nicolás Maduro, Ronald Ojeda, quien ha quedado en prisión preventiva este lunes.
Por Ana María Sanhueza | EL PAÍS
Las autoridades han dado varios golpes a la organización a partir de 2022, aunque es una banda que se rearticula. El más reciente fue a finales de junio y ha sido por primera vez a su maquinaria financiera: se detuvo a una red de lavado de activos que operaba en Santiago, Valparaíso y Los Lagos, y que logró sacar de país 13,5 millones de dólares.
El Tren de Aragua nació en la cárcel de Tocorón, en Venezuela. La organización fue fundada por Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero, Yohan José Romero, conocido como Johan Petrica, y Giovanny San Vicente, todos prófugos. La megabanda ha extendido también sus redes a Perú, Ecuador, Estados Unidos y Colombia. Hace un año, estos dos últimos países se aliaron para cercar al grupo e informaron de un programa de recompensa de 12 millones de dólares por la captura de sus tres líderes. Y, el pasado 14 de julio, Donald Trump anunció sanciones económicas en contra de los cabecillas.
En enero de este año, Ecuador declaró al Tren de Aragua como “grupo terrorista de crimen organizado”. En junio, Estados Unidos, Perú y Argentina solicitaron a sus socios de la Organización de Estados Americanos (OEA) que catalogue a la organización de la misma manera.
Las fiscalías de Chile y Colombia, donde hace un año fue detenido Salomón Fernández Torres, el líder del TDA en Bogotá, han trabajado de manera colaborativa, luego que varios de sus miembros hayan sido capturados tras huir del país sudamericano.
En Chile, entre los más de 330 miembros que han sido apresados, hay al menos tres que tienen vínculos directos con El Niño Guerrero. Eso refleja que para la banda se convirtió en un país de especial interés. Según explica Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional chilena, los cabecillas vieron en este país “un lugar con una buena proyección para sus operaciones, con una situación económica estable a nivel continental y, además, donde tenían poca competencia pues acá no había una criminalidad organizada como la que se podía identificar en países como Colombia, México o Brasil. Tampoco una alta tasa de homicidios ni de secuestros, lo que es una forma de identificar cuándo un país es más o menos peligroso en índice de criminalidad”.
Otro factor fue que la organización, detalla la abogada, siguió la trayectoria de la primera migración venezolana a Chile, “profesionales y personas de una buena situación económica, que llegaron a emprender. En Iquique, en las primeras extorsiones y secuestros fueron sus víctimas. Incluso, una de esas personas se tuvo que ir del país. Lo mismo hicieron Los Pulpos, que al llegar [desde Perú] extorsionaron a ciudadanos peruanos”.
Este viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó la extradición a Chile de cinco miembros del TDA. Entre ellos, Edgar Javier Benítez Rubio, el Fresa, uno de los 12 imputados por el secuestro con homicidio Ronald Ojeda, ocurrido en Santiago, en febrero de 2024. El exteniente venezolano, refugiado político en Chile, era un activo disidente del régimen chavista y tras su asesinato, según el Ministerio Público, está la célula Los Piratas de Aragua, que rinde cuentas a Héctor Guerrero. Para el fiscal chileno Héctor Barros, tuvo un móvil político: “Detrás de este hecho el gobierno venezolano”, ha reiterado.
Tras el crimen de Ojeda, algunos de sus autores huyeron de Chile, pero hay 12 detenidos. Maickel Villegas Rodríguez fue extraditado en noviembre de 2024 desde Costa Rica; un mes después cayó, en Colombia, Carlos Gómez, Bobby; mientras que Luis Alfredo Carrillo Ortiz, Gocho, sindicado como uno de los que enterró a Ojeda bajo cemento y dentro de una maleta, fue detenido en febrero de este año, en el mismo país. Adrián Rafael Gámez Finol, el Turco, quien lideró la operación, está privado de libertad desde finales de 2024 en Estados Unidos: no solo se le requiere en Chile por este homicidio; también por los secuestros de una mujer de nacionalidad chilena en el municipio Estación Central, en la Región Metropolitana, y el de un ciudadano dominicano.
El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada Antisecuestros Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), dice a EL PAÍS que fue en el segundo semestre de 2021 cuando detectaron el primer indicio de un cambio brusco en la criminalidad, tras varios secuestros extorsivos, que fueron en aumento. “Eran víctimas y autores extranjeros, quienes habían ingresado al territorio nacional de manera irregular y clandestina. Eso nos hizo ver que enfrentábamos un fenómeno totalmente distinto, que no habíamos visto”.
“El nuevo fenómeno nos desafió a crear nuevas estrategias investigativas de abordaje junto al Ministerio Público, que empezaron a dar resultados positivos y se lograron desbaratar a facciones del Tren de Aragua”, agrega.
La mayoría de las víctimas extranjeras también estaban vinculados a delitos. “Lo que hacía el Tren de Aragua era ejercer su poder delictual sobre ellos y obligarlos a que les tributaran recursos de su actividad criminal y, el que no lo hacía, era secuestrado o extorsionado y obligado a pagar. O, en algunos casos, era asesinado”, señala el policía. Y agrega que una característica de sus miembros es que, cuando al ser detenidos, han preguntado: «¿Por qué nos detienen si entre nosotros arreglamos los problemas de esta forma?»
La excepción en esos casos son el secuestro en noviembre de 2023 del empresario chileno Rudy Basualto, quien fue liberado tras el pago a sus captores (han sido condenados hace dos semanas ocho miembros de Los Piratas), y el crimen de Ronald Ojeda. “El del exteniente Ojeda es el caso más emblemático, en el sentido que una facción de la organización criminal, que ya venía realizando secuestros extorsivos, de un rato a otro fue capaz de realizar una operación así: con una planificación extra, vestidos como policías y con un fin totalmente distinto, que no era lucrar”, puntualiza Barrientos. Y agrega que, algunos miembros -huyeron de Chile solo algunos-, después siguieron cometiendo otros secuestros.
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