Mauricio Dueñas Castañeda ((EPA) EFE)
Ni siquiera los que cargaban sobre sus hombros pesadas neveras, colchones y lavadoras, con al agua marrón del río Táchira hasta la cintura –en otros tramos les llegaba hasta el cuello–, fueron indiferentes a la letra del himno colombiano, el Oh gloria inmarcesible. Para entonces, los agentes de la Policía de Colombia ya formaban cadenas humanas entre las aguas para ayudarlos a cruzar la frontera con sus trasteos, y alguno de los uniformados empezó a entonarlo con un efecto contagioso. Esta semana se cumplen 10 años desde aquella escena de agosto de 2015, cuando el régimen de Nicolás Maduro expulsó de la noche a la mañana a miles de colombianos afincados en la vecina Venezuela, que regresaron apresuradamente por sus enseres, presas del pánico de perderlo todo. Fue el primero de los muchos capítulos de la crisis fronteriza, migratoria y humanitaria entre Colombia y Venezuela, que en muchos sentidos se prolonga hasta hoy e impacta a toda la región.
Por Santiago Torrado | El PAÍS
La constante convulsión que sufre la República Bolivariana bajo el heredero de Hugo Chávez, junto con el acuerdo de paz que sellaron en 2016 el Gobierno de Colombia y la extinta guerrilla de las FARC, han invertido la tendencia histórica del flujo migratorio entre dos países que comparten una porosa frontera de más de 2.200 kilómetros. Cerca de tres millones de venezolanos han llegado en los últimos años a Colombia, por mucho el principal país de acogida de la diáspora venezolana, a los que se suman cientos de miles de retornados. Pero antes fueron los colombianos quienes emigraron en masa a la “Venezuela Saudita” que disfrutaba la bonanza petrolera de los años 70, o los que huyeron desde los 90 de los horrores de un conflicto armado que desbordó las fronteras. La mayoría de los expulsados por Maduro en 2015 ya habían pasado por algún tipo de desplazamiento forzado, según ha documentado el Centro Nacional de Memoria Histórica colombiano (CNMH).
JOSE MIGUEL GOMEZ (Reuters)
Los lazos de solidaridad y hospitalidad crecieron de la mano de los barrios de invasión que se asentaron del lado venezolano de la frontera. Esa convivencia voló por los aires a mediados de 2015, cuando el Gobierno de Maduro lanzó las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). En una frontera que es también un corredor para el tráfico de armas, drogas, contrabando y combustibles, las OLP en teoría estaban dirigidas contra el “paramilitarismo colombiano”, pero consistieron en una escalada contra los colombianos que incluyó inspecciones arbitrarias, intimidación, saqueos y demoliciones. Las autoridades marcaban las casas con ‘R‘ de requisa y ‘D‘ de derribar.
El presidente Juan Manuel Santos llegó a asemejar la actuación del Gobierno de Venezuela con los nazis. “Esas imágenes de unas casas humildes pintadas con una ‘D’ y luego pasan los bulldozers demoliendo esas casas… eso no se veía sino desde los guetos alemanes contra los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial”, se lamentó en su momento en una entrevista con CNN.
“Al llegar al margen colombiano no podía creer lo que veía: hombres y mujeres caracoles que se echaban la casa al hombro y al lomo, amarradas con cinchas, cuerdas desflecadas, y cauchos estirados a todo dar”, rememora la periodista colombiana Catalina Lobo-Guerrero, testigo de primera mano, en su libro Los restos de la revolución (Aguilar, 2021), una crónica de sus años como corresponsal en Venezuela. “Hombres y mujeres pulpos, que sostenían poltronas, neveras, armarios y tanques de agua más grandes que ellos, con la fuerza de sus brazos, piernas, cabezas y espíritus. Hombres y mujeres hormigas, que avanzaban en filas, sin parar a descansar, por entre trochas grises y maleza verde que crecía sin control, a lado y lado del río, por donde normalmente circulaba el contrabando”.
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