Superado el complejo periodo de estabilización y avanzado el de recuperación económica, Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica que no admite más dilaciones ni atajos retóricos. El foco de la nación y de sus fuerzas vivas debe converger ahora en un objetivo único y superior: la transición institucional, que ineludiblemente debe desembocar en un proceso electoral con plenas garantías, transparencia absoluta y respeto total a la soberanía popular.
En el análisis del escenario nacional, es fundamental comprender que el proceso político ha sido diseñado bajo una hoja de ruta de tres tiempos claramente definidos por la comunidad internacional y los actores estratégicos como los Estados Unidos: estabilización, recuperación y transición. Al observar el panorama actual, podemos afirmar que el primer peldaño ha sido superado. El periodo de estabilización, marcado por la ausencia de disturbios y una tensa calma social, ha dado paso a una etapa de recuperación que, aunque visible en ciertos indicadores macroeconómicos, se encuentra hoy estancada en un cuello de botella institucional que impide el progreso real de la familia venezolana.
Estamos en pleno proceso de recuperación, pero es una recuperación incompleta, frágil y desigual. Si bien es cierto que hemos visto el regreso de algunas empresas transnacionales, especialmente en áreas estratégicas como la petrolera y la minera, este movimiento de capitales no ha permeado la economía real del ciudadano de a pie. La realidad que golpea las calles es innegable: las carencias económicas persisten y los reclamos salariales de nuestros médicos, profesores y trabajadores de todos los sectores no encuentran una respuesta sólida. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta es clara: la falta de seguridad jurídica derivada de la ausencia de un gobierno legítimamente establecido.
Es fundamental entender que si aspiramos a una recuperación económica fuerte, real y, sobre todo, sostenible en el tiempo, el país requiere con urgencia de esa seguridad jurídica que solo otorga la legitimidad. Los grandes inversores internacionales son pragmáticos; entienden que, mientras no exista en Venezuela un Ejecutivo nacido de la voluntad soberana del pueblo y reconocido por el mundo, cualquier inversión corre un riesgo sistémico. El capital de gran calado no fluye con fuerza hacia un país donde las instituciones son precarias o están cuestionadas. Para que esa seguridad jurídica exista, necesitamos un gobierno plenamente legitimado por el soberano, superando las carencias y la precariedad institucional que nos han dejado fórmulas como el interinato.
Ahora bien, para que el voto recupere su valor sagrado como herramienta de cambio y paz social, todas las organizaciones políticas y sociales debemos articular una presión coherente, inteligente y firme sobre todos los actores en pugna. La arquitectura de este proceso debe sostenerse sobre pilares institucionales renovados, auditables y despartidizados. Es imperativo el nombramiento de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) que gocen de probada imparcialidad y solvencia moral, alejados de las cuotas partidistas que históricamente han asfixiado la credibilidad del ente rector. Este nuevo arbitraje debe liderar una depuración profunda del Registro Electoral Permanente (REP). No podemos permitirnos ir a las urnas con un padrón viciado; es urgente desincorporar a los fallecidos e incorporar a los miles de nuevos votantes, especialmente a los jóvenes que ven hoy en el ejercicio del voto su única salida democrática.
Especial atención y esfuerzo técnico merece nuestra diáspora. Garantizar el derecho al sufragio de los venezolanos en el exterior, permitiendo el cambio de domicilio expedito y el voto efectivo en todos los consulados alrededor del mundo, es una deuda de justicia elemental con quienes se vieron forzados a partir pero mantienen intacto su compromiso con el destino del país. Ignorar a esta fuerza electoral, que suma millones de voluntades, es mutilar la soberanía nacional y desconocer la realidad de nuestra nación extendida por el globo.
La reconciliación nacional y la construcción de un clima de confianza ciudadana exigen, de manera innegociable, la liberación inmediata de todos los presos políticos. No podemos transitar hacia una democracia plena mientras existan ciudadanos privados de su libertad por sus convicciones o su labor política. La transición debe ser un espacio de libertad, donde la persecución sea sustituida por el debate de ideas, y donde cada venezolano sienta que su derecho a disentir está protegido por el Estado y no castigado por él.
La normalización democrática requiere, además, la reactivación plena y sin condiciones de todos los partidos políticos, incluyendo la inmediata reversión de las judicializaciones que han secuestrado siglas, símbolos y sedes. El juego democrático solo es válido si las reglas son iguales para todos los competidores. Por ello, la activación de todos los candidatos, sin el peso de inhabilitaciones administrativas arbitrarias que solo sirven para cercenar la voluntad popular por vía de oficina, es un requisito sine qua non para cualquier proceso que pretenda ser reconocido como legítimo y competitivo.
Sin embargo, la reforma no puede ni debe detenerse en el edificio electoral. La reinstitucionalización integral del Estado venezolano pasa necesariamente por la sustitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el nombramiento, bajo estrictos criterios de idoneidad, probidad y mérito, del Fiscal General, el Contralor General y el Defensor del Pueblo. Solo con poderes públicos independientes, que no actúen como apéndices sumisos del Ejecutivo de turno, podremos garantizar que los resultados electorales sean respetados y que la ley deje de ser utilizada como un arma de persecución política contra quien disiente o propone una ruta distinta.
Una vez despejado este horizonte institucional y garantizada la verdadera separación de poderes, un gran acuerdo nacional debe definir el cronograma de acción definitiva. Mi postura, discutida con amplios sectores que anhelan un cambio de fondo y de forma, es clara: el país necesita una elección presidencial conjunta con la Asamblea Nacional. Esta fórmula permitirá relegitimar simultáneamente al Poder Ejecutivo y al Legislativo, brindando la gobernabilidad necesaria para enfrentar los inmensos retos económicos y sociales del futuro inmediato. Frente a este desafío, la soberanía popular señala un camino claro. María Corina Machado representa el mandato de transformación que la mayoría de los venezolanos ya ha validado con contundencia, consolidándose como la opción legítima para liderar la reconstrucción nacional.
Debemos hablarle con claridad a los liderazgos políticos regionales. Sin recuperar la legitimidad del Poder Ejecutivo nacional y atraer la inversión masiva que estabilice el país, no habrá gobernación, alcaldía o consejo municipal que tenga capacidad real de maniobra o recursos para solucionar los problemas de la gente. Ir por separado o anteponer aspiraciones locales a la gran victoria nacional es caer en la trampa histórica de «dividir para perder». El chavismo, consciente de su debilidad, ya está en campaña y apuesta precisamente a esa fragmentación para tratar de imponerse con la poca estructura que le queda. Si logran dividir la votación de la alternativa democrática, les estaríamos regalando una oportunidad que no merecen. Por lo tanto, el compromiso debe ser actuar como un bloque monolítico que hoy apoya mayoritariamente a María Corina Machado.
Para que este proceso sea irrebatible y no deje espacio a las sombras de la duda ni a las impugnaciones de oficio, el método debe volver a lo seguro y físicamente verificable: el voto manual. La transparencia se garantiza con el papel en la mano, con el conteo ciudadano en la mesa y con una observación internacional robusta, técnica y calificada que acompañe el proceso en todas sus fases críticas: antes, durante y después de la jornada. Esta observación no debe ser un simple acompañamiento protocolar de cortesía, sino una auditoría técnica estricta que certifique que cada voluntad expresada sea contada con exactitud.
Solo después de consolidar este nuevo orden en el poder nacional, mediante la voluntad popular libremente expresada, podremos avanzar con paso firme hacia las elecciones municipales y regionales. La transición no es una transacción de cúpulas o de élites, es una necesidad vital para la supervivencia misma de la República. Es hora de que la política deje de ser el obstáculo que frena el progreso y se convierta finalmente en el puente hacia la Venezuela productiva, justa y democrática que todos, sin distinción de colores, merecemos construir. El compromiso es ahora, porque el tiempo de la gente es hoy y no espera para mañana.
*Coordinador Nacional del Movimiento Político GENTE
Noelalvarez10@gmail.com
