El intento de Delcy Rodríguez por vender una imagen de estabilidad y renovación institucional ante Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro chocó este jueves 9 de abril contra la realidad de la cúpula chavista, que desató una brutal ola de represión, torturas en cárceles y persecución política en Caracas.
lapatilla.com
Apenas 24 horas después de que la sucesora de Maduro pronunciara en cadena nacional la frase «pido también que corrijamos errores propios del pasado los reconocemos los corregimos y pido no repetirlo», el aparato represivo del Estado atacó con furia a los trabajadores que marchaban en el centro de la capital para exigir salarios dignos. Rodríguez intentó ocultar la miseria al prometer la recuperación del nivel de vida de la población, pero la respuesta real del oficialismo en las calles se tradujo en golpes y gas pimienta por parte de la Policía Nacional Bolivariana.
Durante el operativo para asfixiar la protesta laboral, los uniformados agredieron, rociaron con químicos y robaron los equipos de trabajo a por lo menos 10 periodistas. A la par de los ataques contra la prensa libre, las fuerzas de seguridad secuestraron en la plaza El Venezolano al dirigente juvenil opositor Ort Betancourt Villamizar, lo cual demostró que la persecución contra cualquier voz disidente mantiene su operatividad intacta bajo las órdenes de Miraflores.
La fachada de corrección democrática quedó igualmente desmentida en los penales y en los pasillos del Palacio Federal Legislativo. Desde la cárcel de El Rodeo I, los presos políticos denunciaron crueles torturas con gases lacrimógenos y alertaron sobre la muerte de un ciudadano extranjero, mientras la Asamblea Nacional complaciente del chavismo impuso a Larry Devoe y a Eglée González Lobato, conocidos negacionistas de las atrocidades del régimen, como nuevos operadores de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo.
Todo este violento escenario desnuda la maniobra de la vocera chavista para aparentar control interno frente a Washington luego de la extracción de Maduro el pasado 3 de enero. La estrategia de mostrar una cara «moderada» hacia la comunidad internacional fracasa de forma rotunda ante una maquinaria de violaciones a los derechos humanos que la cúpula se niega a desmontar para poder aferrarse al poder.
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