
El tribunal de Curazao volvió a aplazar este lunes 16 de febrero la sentencia en el proceso penal contra Javier P. (39), conocido como “Beertje”, acusado de complicidad en una operación de tráfico de personas que terminó en una tragedia marítima el 4 de marzo de 2025, cuando 15 ciudadanos venezolanos perdieron la vida durante una peligrosa travesía en lancha desde Venezuela hacia la isla.
Además de los cargos relacionados con la migración irregular, Javier P. y su pareja G.M. también están siendo procesados por delitos vinculados al tráfico de drogas.
Crónicas del Caribe estuvo presente en la sala del tribunal durante la audiencia, en la que el juez dejó claro que aún existen interrogantes fundamentales que deben resolverse antes de emitir un fallo definitivo en uno de los casos más graves de los últimos años en materia de tráfico humano en el Caribe.

Una travesía mortal
Según lo expuesto durante el proceso, un total de 24 personas sin documentos viajaban a bordo de la embarcación cuando esta volcó en alta mar. La Guardia Costera del Caribe logró rescatar a diez personas con vida, aunque una de ellas falleció posteriormente en el hospital a causa de las heridas sufridas.
Las investigaciones revelaron que los ocupantes no portaban chalecos salvavidas y que la embarcación estaba claramente sobrecargada, lo que incrementó de forma dramática el riesgo de la travesía. Catorce personas murieron ahogadas, en lo que se ha catalogado como una de las peores tragedias migratorias registradas en aguas cercanas a Curazao.

El Ministerio Público sostiene que Javier P. tuvo un papel clave en la organización y facilitación del viaje, y por ello solicitó una pena de seis años de prisión, argumentando que los responsables actuaron con pleno conocimiento del peligro al que exponían a los migrantes.
Sin respuesta
Durante la audiencia, el juez explicó que antes de dictar sentencia deben aclararse varios aspectos esenciales del caso. Entre ellos, el lugar exacto donde fueron encontrados los sobrevivientes, ya que no está plenamente establecido si el rescate ocurrió en aguas territoriales de Curazao o en aguas internacionales, un elemento que puede tener implicaciones jurídicas relevantes.
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