Un grupo de 37 emprendedores de maquinaria pesada de los estados Zulia y Mérida denuncia que el Gobierno Nacional les adeuda 350.000 dólares por los trabajos de reconstrucción del muro del Kilómetro 43, en el Sur del Lago.
Por La patilla.com
La obra, que consistió en el complejo recauce del río Zulia y el levantamiento del dique en el municipio Catatumbo, fue culminada con éxito y beneficia a más de 1.000 familias. Sin embargo, para quienes pusieron su trabajo y sus equipos, el pago nunca llegó.
Alberto Ramírez y José Antonio Machado, representantes de los afectados, califican esta espera de 18 meses como un «viacrucis» financiero que los mantiene al borde del colapso.
Ramírez, productor y vocero del grupo, hizo un llamado directo a la presidenta (E), Delcy Rodríguez para que designe una comisión que investigue el destino de los recursos y verifique que el trabajo se concluyó a cabalidad.
La historia de Ramírez es el reflejo de la crisis. En 2023, estuvo a punto de vender sus equipos como chatarra debido a la asfixia económica que golpeaba a los productores.
En ese momento, aceptó una propuesta que parecía una tabla de salvación: alquilar su maquinaria con la promesa de un pago semanal por parte del Estado.
En el último trimestre del año 2023, el general Régulo Higuera, como representante del Ministerio de Obras Públicas, solicitó el alquiler de las máquinas para iniciar las labores.
La contratación fue verbal, basada en la urgencia y la confianza. Ante la magnitud del desastre que mantenía bajo el agua e incomunicadas a las comunidades de El Guayabo, Encontrados y otras zonas agrícolas, 37 emprendedores unieron fuerzas para ejecutar una obra que debía terminarse en tiempo récord, la cual involucró unos 120 trabajadores.
Aceptaron el trato porque en la zona no había otra fuente de ingresos. La ruptura del muro impedía el paso hacia municipios vecinos como Sucre, Colón y Jesús María Semprún ubicados en el estado Zulia. En 2023, unas 200 mil hectáreas se perdieron por la ruptura del dique.
Se involucraron emprendedores de Mérida debido a que las cosechas de la zona también son vendidas en El Vigía, estado Mérida.
Para entonces, el alquiler de un camión volteo se tasaba en 120 dólares diarios, pagaderos en divisas o pesos colombianos, dada la escasa circulación del bolívar en el municipio zuliano.
Jorge Machado, residente de El Vigía, es otro de los rostros de esta tragedia. Alquiló un camión jumbo, un «pata de cabra» y un tractor D7 Caterpillar. Solo a él, el Gobierno Nacional le adeuda 55.000 dólares.
«Aceptamos la contratación verbal porque era un bien común. Los productores de los kilómetros del 40 al 43 lo habían perdido todo: cosechas, animales y empleos. Queríamos ayudar a llevar el sustento a las familias y a las nuestras también «, relata Machado.
El peso de la indiferencia
La ejecución estuvo bajo la coordinación del general Régulo Higuera y el coronel Freddy Carrillo. Según relatan los afectados, al principio los pagos fluían, pero pronto comenzaron a acumularse semanas de atraso.
«Si me preguntas por qué no paramos, le diré que fue por dos razones: nunca pensamos que el Gobierno no nos pagaría y, sobre todo, por el compromiso que sentíamos con el pueblo», explica Ramírez.
Bajo la promesa de que los pagos llegarían apenas ocho días después de finalizar los trabajos, los operarios trabajaron turnos de hasta 72 horas continuas. Incluso se les aseguraba que el entonces presidente, Nicolás Maduro, seguía la obra a diario.
Hoy, la realidad es otra. Desde septiembre de 2024, el silencio administrativo es la única respuesta.
«El general Higuera nunca más nos contestó el celular, ni siquiera sabemos dónde está. Queremos y necesitamos nuestro pago, dónde está nuestro dinero», reclamó Ramírez.
La deuda ha generado un efecto dominó devastador. Los productores no solo sufren por su patrimonio, sino por el compromiso con más de 120 trabajadores indirectos: desde mecánicos hasta la señora que les alquiló la casa o quien les vendía el hielo. Todos quedaron atrapados en la misma red de impagos por parte del Gobierno Central.
Vivir entre el miedo y la esperanza
Es ahora, en 2026, cuando los afectados se sienten con la fuerza suficiente para denunciar. Relatan que anteriormente fueron intimidados con la ejecución de la «Operación Tun Tun» si alzaban la voz.
Edinson Sandrea, trabajador de la obra y miembro del Consejo Comunal «El Gallinazo», se une al clamor de justicia. Recuerda que antes de la reparación, los niños no podían ir a clases y el traslado de mercancía era imposible, debían navegar en lanchas por las peligrosas corrientes del río Zulia.
«Estos trabajos nos devolvieron la normalidad. El muro no ha vuelto a romperse, pero por favor, páguennos», suplica Sandrea.
Tras 18 meses de gestiones infructuosas ante el Ministerio de Obras Públicas, los denunciantes reiteran su llamado a la presidenta Rodríguez.
Exigen que se aclare qué pasó con el dinero y que se cancele la deuda de inmediato. No piden favores, exigen el pago por haber salvado de las aguas a todo un municipio, una labor que hoy los tiene a ellos sumidos en la precariedad.
