El gobernador Ron DeSantis planea impugnar un fallo de un tribunal federal que prácticamente paralizaría las operaciones del campamento de detención migratoria improvisado de Florida en los Everglades en los próximos 60 días.
Esto podría retrasar las medidas de control migratorio del estado. En una conferencia de prensa el viernes, DeSantis afirmó que el juez federal que preside el caso no le dio al gobierno una “tratamiento justo” y que el estado “responderá en consecuencia”.
Los comentarios del gobernador se produjeron menos de un día después de que la jueza federal de distrito Kathleen Williams ordenara al estado dejar de recibir a inmigrantes detenidos en el campo de detención de los Everglades, conocido como Alligator Alcatraz. El sitio, que fue el primer campo de detención de inmigrantes administrado por el estado en el país, también tendría que desalojar a los detenidos actuales y retirar todos los generadores, el gas, el alcantarillado, la iluminación y las cercas en las próximas nueve semanas. Hasta el jueves, había poco menos de 400 detenidos en Alligator Alcatraz.
La orden preliminar de Williams, que se mantendrá vigente mientras el caso continúe en litigio, se dictó en respuesta a una demanda presentada por ambientalistas y la tribu Miccosukee ante la preocupación de que el campo de detención represente riesgos para el ecosistema de los Everglades. En la orden, William afirmó que el sitio probablemente representaría una amenaza para el medio ambiente circundante, incluyendo especies en peligro de extinción como la pantera de Florida, y que la escorrentía de las instalaciones podría afectar el territorio tribal.
La División de Gestión de Emergencias de Florida, la agencia que supervisa las operaciones del centro de detención, aún no ha presentado sus argumentos sobre el fondo de la apelación. Sin embargo, sí ha presentado su intención de apelar la decisión ante los tribunales. La notificación de apelación se presentó casi inmediatamente después de la decisión de Williams el jueves por la noche. El Tribunal del Undécimo Circuito aún no ha asignado un número de expediente al caso.
Mientras el gobierno trabaja para apelar la decisión, funcionarios estatales y federales atribuyen públicamente su derrota en el tribunal federal a Williams, una jurista veterana nombrada por el expresidente Barack Obama. En junio, Williams declaró al fiscal general James Uthmeier en desacato judicial después de que este les dijera a las agencias del orden que podían ignorar su orden que bloqueaba la aplicación de una ley que ilegaliza la entrada de inmigrantes indocumentados al estado de Florida. DeSantis y la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, la han calificado de “jueza activista”.
“Este fallo de una jueza activista ignora el hecho de que este terreno ya lleva una década siendo urbanizado”, declaró McLaughlin el jueves. Es otro intento de impedir que el presidente cumpla con el mandato del pueblo estadounidense de expulsar de nuestro país a los peores de los peores, incluyendo pandilleros, asesinos, pedófilos, terroristas y violadores.
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