María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino detenido en Venezuela, Nahuel Gallo, aseguró el domingo 22 de febrero que su esposo y más de 200 presos recluidos en El Rodeo I iniciaron una huelga de hambre. Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental (ONG) Foro Penal, ya había informado el sábado 21 que familiares de los presos políticos recluidos en ese centro del estado Miranda denunciaron que al menos 100 de los detenidos en esta condición habían iniciado una huelga de hambre.
En una publicación en su cuenta de X, el abogado precisó que intentarían verificar la información. Por su parte, Andreína Baduel, defensora de los derechos humanos y hermana del preso político Josnars Baduel, confirmó que tras una visita el 21 de febrero se pudo conocer que varios detenidos por causas políticas están en huelga de hambre.
Durante una entrevista para VPItv, la activista denunció que a los familiares de quienes están en huelga les prohibieron las visitas.
“Pudimos conocer que hay algunos presos políticos que están en huelga de hambre y también hay suspensión de visita para los familiares de estos presos políticos. Evidentemente quisiéramos tener más detalles, pero todas las condiciones de horror que sigue representando el Rodeo I nos los impide”, expresó Baduel.
La activista Tamara Suju, directora del Instituto Casla, también alertó sobre la situación en dicha cárcel a través de una publicación en sus redes sociales. Aseguró que la mayoría de los presos que están en huelga de hambre serían militares, aunque también se sumaron civiles y extranjeros.
“Todos exigen libertad. Conocemos los castigos a los que son sometidos cuando protestan de esta forma, entre ellos la tortura del entubamiento y la celda de torturas del cuarto piso”, denunció Suju.
Familiares en Zona 7 levantaron huelga de hambre
Los hechos en el Rodeo I se dan a pocos días de que varios familiares que se unieron a la huelga de hambre de los presos políticos, desde el 14 de febrero, frente a la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Boleíta, Caracas, decidieron levantar la protesta el 19 de febrero ante el desgaste físico acumulado y la falta de respuestas por parte de las autoridades.
Previamente, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció que al menos 8 de las 10 mujeres que iniciaron la huelga se habían descompensado.
La ONG aseguró que los manifestantes denunciaron que ninguna autoridad atendió sus llamados ni ofreció soluciones a sus exigencias. Tras suspender la huelga de hambre, los familiares indicaron que mantendrán una protesta pacífica bajo la modalidad de ayuno y vigilia.
Ley de Amnistía
Estas protestas se dieron en medio del debate legislativo sobre la aprobación definitiva de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en la Asamblea Nacional, iniciativa que, según los familiares y defensores de los derechos humanos, debería beneficiar también a los detenidos recluidos en ese comando policial.
Este segundo debate fue aplazado, por unanimidad, el 12 de febrero, debido a desacuerdos entre las partes por el artículo 7 que exigía a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.
Finalmente, la ley fue aprobada el 19 de febrero, sin embargo, ha sido cuestionada por familiares, activistas de derechos humanos, varias ONG y abogados por excluir a cientos de presos políticos, entre ellos militares.
La Ley de Amnistía cubre, en teoría, el periodo comprendido entre 1999 y 2026, pero delimita 13 coyunturas políticas desde 2002. Esto deja fuera arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como casos vinculados a operaciones militares, lo que ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos.
El Foro Penal advirtió el 20 de febrero que al menos 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad legal.
Durante una rueda de prensa, el director de la ONG, Alfredo Romero, explicó que el diseño de la normativa deja fuera a un grupo de militares y civiles a quienes se les imputaron delitos relacionados con la seguridad del Estado.
Acotó que la aprobación de la Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional no significará la libertad para la totalidad de las personas detenidas por motivos políticos en el país.
Romero reiteró que la cifra de ciudadanos que permanecen tras las rejas por razones políticas supera los 600 casos. La distribución de estos detenidos se concentra en recintos donde las condiciones de reclusión han sido denunciadas sistemáticamente por la falta de transparencia.
Gobierno evalúa “medidas de gracia”
El 21 de febrero, Jorge Rodríguez afirmó que personas excluidas de la Ley de Amnistía podrían recibir “medidas de gracia” o indultos por parte del Ejecutivo nacional, mientras avanzan excarcelaciones derivadas del nuevo instrumento legal aprobado el 19 de febrero.
Durante declaraciones a la prensa tras una reunión de consulta pública del proyecto de ley que regula a la Cruz Roja Venezolana en Caracas, Rodríguez explicó que la amnistía tiene un ámbito “muy específico”, por lo que otras situaciones podrían resolverse mediante decisiones discrecionales del gobierno.
Aseguró que se estarían realizando excarcelaciones en los centros de detención El Helicoide y en Zona 7, recintos que, comentó, fueron priorizados en la revisión de casos. Hasta el momento, no se ha confirmado el total de detenidos que han sido excarcelados en las últimas horas.
Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, informó durante la mañana del 21 de febrero que desde el Foro Penal se estaban verificando las liberaciones de presos políticos, derivadas de la la Ley de Amnistía, pero para ese momento la ONG aún no había confirmado el total ni quiénes serían los detenidos excarcelados.
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