Los abogados defensores de Nicolás Maduro y Cilia Flores solicitaron el pasado lunes 30 de marzo a un juez federal de Nueva York desestimar una solicitud del gobierno estadounidense que les prohibiría compartir pruebas del caso con cuatro coacusados que aún no han sido aprehendidos, entre ellos Diosdado Cabello y Nicolás Maduro Guerra.
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En un documento legal dirigido al juez Alvin K. Hellerstein, las defensas encabezadas por los abogados Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly expresaron su rechazo al párrafo 13 de la Orden de Protección propuesta por la fiscalía. Dicha cláusula busca impedir que se comparta «Material de Divulgación» (evidencia y documentos del caso) con cualquier acusado que no esté bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
La medida del gobierno estadounidense afectaría directamente la comunicación sobre el caso con cuatro prófugos señalados en la Cuarta Acusación Sustitutiva: Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Ernesto Maduro Guerra y Héctor Rusthenford Guerrero Flores.
Según el equipo legal, esta restricción limitaría severamente la capacidad de Maduro y Flores para investigar los hechos y defenderse plenamente. El documento destaca que la fiscalía alega una conspiración entre 1999 y 2025, donde 13 de los 19 «actos manifiestos» (acciones en desarrollo del presunto delito) involucran directamente a al menos uno de estos cuatro individuos prófugos.
Un punto destacable en el documento de la defensa es la mención a los métodos utilizados por el gobierno estadounidense. Los abogados señalan que la fiscalía asume que los cuatro prófugos no comparecerán voluntariamente ante el tribunal, agregando entre paréntesis: «y asumiendo que el gobierno no emprenda las medidas extremas contra estos individuos que empleó para traer al Sr. Maduro y a la Sra. Flores de Maduro ante esta Corte».
La defensa argumenta que, bajo la doctrina legal estadounidense, el gobierno busca responsabilizar a Maduro y Flores por las acciones de estos cuatro hombres. Por tanto, privar a los abogados de discutir las pruebas con ellos para conocer su reacción, buscar evidencia exculpatoria o preparar posibles testimonios mediante deposiciones (Regla 15), violaría los derechos a la Quinta y Sexta Enmienda de sus clientes (debido proceso y derecho a una defensa justa).
Para concluir, los abogados propusieron un texto alternativo para la Orden de Protección. Sugieren que se les permita compartir el material de divulgación con los coacusados no aprehendidos única y exclusivamente con fines de defensa, siempre que exista un «interés común», y manteniendo las pruebas bajo la estricta posesión y supervisión de los abogados (modalidad Attorney Possession-Only o APO). El tribunal neoyorquino deberá decidir ahora si aprueba el bloqueo total solicitado por la fiscalía o la alternativa de la defensa.
