Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos bloqueó este viernes 29 de agosto los planes del expresidente Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que ampara a unos 600 mil venezolanos.
El panel de tres jueces del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, ratificó de forma unánime una decisión previa de un tribunal inferior y concluyó que los demandantes tienen altas probabilidades de ganar el caso.
Según el fallo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no tenía autoridad legal para revertir la extensión del programa que había sido otorgada bajo el gobierno de Joe Biden (2021-2025), reportó la agencia AP.
En su opinión, la jueza Kim Wardlaw, nominada en su momento por el presidente demócrata Bill Clinton, recordó que el Congreso diseñó el TPS como un sistema “predecible, confiable y aislado de los vaivenes electorales”.

Contexto judicial previo
El Estatus de Protección Temporal permite a ciudadanos de países afectados por conflictos o crisis humanitarias residir y trabajar en Estados Unidos sin riesgo de deportación. En el caso venezolano, más de 250 mil personas se beneficiaron en 2021 con la medida decretada por Biden, y en 2023 se sumaron otros 350 mil.
En marzo de este año, el juez Edward Chen, del Tribunal de Distrito Norte de California, ya había coincidido en que los demandantes tenían argumentos sólidos para frenar la decisión del gobierno republicano, pero la Corte Suprema anuló temporalmente esa medida en una apelación de emergencia. Con el fallo de este viernes, el Noveno Circuito respaldó la visión de Chen y volvió a frenar la cancelación.
“Lo significativo ahora es que la corte de apelaciones reconoció unánimemente que el tribunal de primera instancia tenía razón”, dijo Emi MacLean, abogada de la ACLU que representa a los demandantes, en declaraciones a AP.
Por su parte, José Palma, portavoz de la Alianza Nacional TPS, recordó que este litigio busca garantizar la protección de todos los venezolanos amparados tanto en 2021 como en 2023. “Esperamos que este fallo abra el camino para que se reviertan las acciones ilegales contra los migrantes venezolanos”, afirmó en entrevista previa con EFE.
El trasfondo
La administración Trump ha defendido que el TPS se ha usado como una “amnistía de facto” y ha insistido en que el programa no debe extenderse. Sin embargo, organizaciones proinmigrantes sostienen que millones de venezolanos huyen de una crisis marcada por la hiperinflación, el colapso económico y la persecución política.
Aunque el fallo representa un triunfo clave para los migrantes, no está claro qué ocurrirá con los 350.000 venezolanos cuyos permisos vencieron en abril y ya enfrentan despidos, detenciones y deportaciones, ni con el cuarto de millón de beneficiados en 2021, cuya protección vence el 10 de septiembre.
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