El conflicto entre israelíes y palestinos tiene raíces profundas y complejas, que se remontan a principios del siglo XX. Sin embargo, la actual escalada en la construcción de asentamientos israelíes en la Ribera Occidental ha intensificado las tensiones, poniendo en riesgo las posibilidades de una solución pacífica.
Los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental son aldeas, pueblos y ciudades judías construidas en tierras que la ONU y la comunidad internacional han designado para un Estado palestino. De acuerdo con Peace Now, una organización que monitorea el desarrollo de los asentamientos, hasta el año pasado existían 141 asentamientos en la Ribera Occidental.
Recientemente, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, anunció planes para construir más de 3,400 nuevas viviendas en esta región, un movimiento que, según él, “enterrará de forma permanente la idea de un Estado palestino”. Esta afirmación no solo revela la postura del gobierno israelí, sino que también subraya la naturaleza intrínsecamente controvertida de los asentamientos, considerados ilegales según el derecho internacional.
La ONU ha sido clara en su posición respecto a los asentamientos. En 2016, la resolución 2334 del Consejo de Seguridad reafirmó que la expansión de los asentamientos israelíes en territorios ocupados es una “violación flagrante” del derecho internacional. Esta resolución exige a Israel que cese inmediatamente la construcción de asentamientos y reafirma que estos no tienen validez legal. Otras resoluciones del Consejo de Seguridad, como la resolución 446 (1979) y la resolución 465 (1980), también condenan la política de asentamientos israelíes, considerando que constituyen un obstáculo para la paz y una violación del derecho internacional.
Además, la Asamblea General de la ONU ha abordado este tema en varias ocasiones. La resolución 68/18 (2013) condena la expansión de asentamientos israelíes en los territorios ocupados, mientras que la resolución 70/89 (2015) reafirma el apoyo a la solución de dos Estados y critica la construcción de asentamientos. Estas resoluciones reflejan el consenso internacional sobre la ilegalidad de los asentamientos y su impacto negativo en el proceso de paz.
La comunidad internacional, y en particular los actores clave como la ONU y las potencias mundiales, deben adoptar una postura más firme y coordinada para abordar esta crisis. Es imperativo que se condenen enérgicamente las acciones de Israel que socavan el proceso de paz y se respeten las resoluciones de la ONU. La falta de acción frente a la expansión de los asentamientos no solo afecta las perspectivas de paz en la región, sino que también perpetúa un ciclo de violencia y desestabilización.
La reciente declaración del ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, quien se opuso firmemente a los planes de asentamiento, es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, se necesita más que declaraciones. La comunidad internacional debe considerar la implementación de sanciones o medidas que presionen a Israel a cumplir con el derecho internacional y a reanudar las negociaciones hacia una solución de dos Estados.
Adicionalmente, la expansión de los asentamientos tiene múltiples implicaciones para el proceso de paz. En primer lugar, representa un obstáculo significativo para la solución de dos Estados, ya que divide el territorio palestino y dificulta la creación de un Estado palestino contiguo y viable. Esto erosiona las bases para un acuerdo duradero y genera un clima de inseguridad y desconfianza.
El aumento de asentamientos también tiende a desencadenar tensiones y violencia entre colonos israelíes y palestinos, lo que complica aún más el diálogo. La percepción de que Israel no está comprometido con el proceso de paz puede deslegitimar las conversaciones y debilitar la autoridad de los líderes palestinos, que enfrentan presiones internas para responder a la ocupación.
Por otro lado, la expansión de asentamientos ha provocado condenas de la comunidad internacional, aunque la falta de respuesta efectiva ha llevado a una sensación de impunidad por parte de Israel. Esta situación no solo afecta las perspectivas de paz, sino que también impacta la vida cotidiana de los palestinos en términos de acceso a recursos y derechos, generando frustración y desesperanza.
Desde un enfoque jurídico y ético, los asentamientos han sido considerados insostenibles, además de socavar las oportunidades de paz y contribuir al sufrimiento de la población palestina. Diversos académicos israelíes han expresado su oposición a los asentamientos judíos. Por ejemplo, Ilan Pappé sostiene que los asentamientos evidencian una política colonial en Palestina, mientras que Avi Shlaim destaca su función como obstáculo para la paz. Oren Yiftachel analiza las implicaciones urbanísticas para las comunidades palestinas; David Shulman centra su crítica en las consecuencias relacionadas con la expansión y la ocupación; Amira Hass examina la vida cotidiana bajo el avance de los asentamientos; Eyal Weizman interpreta la arquitectura como instrumento de ocupación, y Zvi Bar’el cuestiona la viabilidad de los asentamientos en el contexto israelí-palestino.
Para abordar la crisis de los asentamientos en la Ribera Occidental, es fundamental que la comunidad internacional actúe de manera decidida y coordinada. Esto incluye no solo la condena de las acciones de Israel y el respeto a las resoluciones de la ONU, sino también la implementación de medidas efectivas que presionen por un cambio. La promoción de la solución de dos Estados, el apoyo a la vida cotidiana de los palestinos y la creación de espacios para el diálogo son pasos cruciales. La paz duradera solo se logrará a través del reconocimiento de los derechos y aspiraciones de ambos pueblos, así como de un compromiso genuino por parte de la comunidad internacional para facilitar un futuro basado en la justicia y la coexistencia.
