Una corte de apelaciones consideró que el efectivo no puede ser devuelto al país, y que el gobierno de la isla no ha actualizado su evaluación sobre la situación en Venezuela
La Corte Conjunta del Caribe Neerlandes desestimó un recurso de apelación intentado por el gobierno de Aruba, con el propósito final de expulsar a un sargento de la Guardia Nacional que solicitó asilo en esa isla.
El hombre desertó con su familia en 2018, luego de haber estado durante trece años en las filas del referido componente castrense. Poco después, solicitó una medida de protección, alegando que lo buscaban por haber presenciado distintas irregularidades durante su tiempo de servicio, primordialmente en unidades del estado Falcón.
Pero el gobierno de la isla, a través del ministerio de Trabajo, Energía e Integración, desestimó la petición de asilo por considerar que el uniformado no aportó suficientes indicios de los ilícitos que decía haber presenciado.
A partir de 2022, el conflicto entre el sargento y el gobierno de la isla pasó de las instancias administrativas a los tribunales. En septiembre de 2024, un juzgado de primera instancia le dio la razón. No obstante, el despacho a cargo del ministro Arthur Dowers mantuvo su determinación de negarle la protección.
Debido a esto, el expediente pasó a una corte de apelaciones, encabezada por el magistrado Wim Bel.
Falla la evaluación
Según el fallo, la representación del Ejecutivo arubeño tomó una decisión en este caso sin evaluar correctamente la situación general en Venezuela. El magistrado indicó que el ministerio de Dowers debe recopilar “información actual”, y no contentarse con diagnósticos de años anteriores.
Para el magistrado, se debe evaluar si “después de la primera entrevista se han producido novedades relevantes que pueden significar que un extranjero corre un riesgo real de devolución si regresa al país de origen”. Con esta finalidad, se puede recopilar información aportada por el propio solicitante, pero el gobierno de la isla también debe cumplir con esta tarea.
Las islas del Caribe Neerlandés mantienen una política restrictiva en cuanto al otorgamiento de medidas de protección a los venezolanos. Incluso, en los últimos informes se ha puesto en duda que todavía exista en el país una emergencia humanitaria.
En el caso del sargento, otro argumento avalado por la corte tiene que ver con el riesgo de que lo envíen al oriente del país, donde se desarrolla “el conflicto fronterizo por la región del Esequibo”.
