La Defensoría del Pueblo reconoció este jueves la agresión que sufrió un grupo de familiares de presos políticos venezolanos por parte de «sujetos aún no identificados», al tiempo que instó a los afectados a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP).
«La Defensoría del Pueblo condena enérgicamente los actos de violencia ocurridos la noche del 3 de agosto frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde un grupo de personas que realizaban una vigilia pacífica fue agredido por sujetos aún no identificados», indicó la institución en una nota.
Alfredo Ruiz hizo un llamado a las víctimas a presentar una denuncia formal ante el MP para «recabar evidencias que coadyuven en las averiguaciones ante el ente responsable de investigar y ejercer las acciones penales correspondientes».
Sin embargo, la ONG venezolana Surgentes comunicó este miércoles que los afectados tuvieron dificultades para denunciar formalmente las agresiones en varias instituciones.
«Ni siquiera tenemos la posibilidad de poner una denuncia para que las autoridades investiguen a los responsables de estos hechos y puedan sancionarlos», expresó Martha Grajales, activista de la organización no gubernamental.
De acuerdo a Grajales, cerca de las 22:00 hora local (2:00 GMT) del martes, un grupo de personas, «algunas de ellas encapuchadas» y con «pistolas», llegaron en «más de 50 motocicletas» y robaron pertenencias, como teléfonos y documentos de identidad a los manifestantes, en su «gran mayoría mujeres».
Grajales señaló que este miércoles un grupo de familiares acudió al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), pero «les dijeron que ellos no eran los competentes para tomar ese tipo de denuncia».
Además, ella misma, según contó, fue atendida en una oficina de atención de la víctima, donde -aseguró- le respondieron que «esa denuncia no procedía por ahí».
La vigilia tenía como objetivo exigir una reunión con la presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez, para solicitar la revisión de los casos judiciales de sus familiares, así como para denunciar la «falta de respuestas de las autoridades» a sus peticiones.
Con información de EFE
