Venezuela atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia contemporánea. Las elecciones de julio de 2024 dejaron en evidencia un hecho innegable: la mayoría del pueblo venezolano expresó de forma clara y contundente su rechazo al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, esa voluntad soberana fue pisoteada mediante un fraude descarado, ampliamente denunciado por observadores internacionales, organismos como la OEA, y gobiernos democráticos de América y Europa.
A esto se suma un hecho aún más alarmante: Nicolás Maduro, quien pretende mantenerse en el poder por la fuerza, ha sido vinculado formalmente a actividades de narcotráfico internacional y es buscado por la justicia estadounidense, con una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. No se trata ya solo de ilegitimidad política: hablamos de una amenaza directa a la soberanía y seguridad nacional.
Durante años, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fue objeto de un proceso de infiltración ideológica impulsado por la influencia castro-cubana. Consignas como “Patria, Socialismo o Muerte” o “Chávez Vive” fueron sembradas en su seno, en abierta contradicción con lo que sienten los ciudadanos. Se fabricó la idea de un enemigo externo, mientras internamente se perpetraba un saqueo sistemático de las riquezas de la nación, con participación activa de altos mandos militares. Hoy, ante esta realidad, debe prevalecer la razón: las FANB tienen la obligación legal y moral de actuar conforme a la Constitución y las leyes, no a los caprichos de un régimen usurpador.
No se puede olvidar que, durante décadas, los Estados Unidos fueron aliados naturales de nuestras fuerzas armadas, compartiendo conocimientos, tecnología y dotando a Venezuela de una de las capacidades militares más modernas del continente. Hoy, paradójicamente, esas mismas fuerzas estadounidenses han debido desplegarse en el Caribe para contener el narcotráfico dirigido por Nicolás Maduro y su cúpula delincuencial.
Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su Ley Orgánica, la FANB tiene un mandato claro:
1 Servir al pueblo y no a intereses particulares o delincuenciales.
2 Garantizar la soberanía nacional y el respeto a la Constitución.
3 Proteger los derechos y la voluntad del pueblo, expresada en los procesos electorales.
El artículo 328 de la Constitución establece que la FANB está “al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”. Permanecer al lado de Maduro tras el evidente fraude es violar este principio fundamental.
Los militares no juran lealtad a un hombre, sino a la Patria. Y hoy, esa Patria clama por libertad, legalidad y justicia. La FANB debe actuar, no como instrumento de represión del régimen, sino como garante de la restitución del orden constitucional. Esto no se trata de un golpe de Estado, sino de restaurar la voluntad popular, que es el único origen legítimo del poder.
La historia está observando. El mundo también. Cada soldado, oficial y general debe preguntarse hoy:
¿Estás del lado del pueblo… o del lado de un narcodictador que ha traicionado a la nación?
La FANB tiene la oportunidad —y el deber— de ser recordada como una institución digna, patriota y leal al pueblo. Lo contrario será cargar con el peso de la traición por generaciones.
Dr. Alfonzo Bolivar
20 de agosto de 2025
