Un grupo de productores de yuca, encabezado por la abogada María Evariste, acudió este martes a la sede de la Defensoría del Pueblo en Maturín para ratificar un reclamo formal contra la empresa Agroindustrial Mandioca, ubicada en Temblador, al sur de Monagas. La denuncia señala el impago de una deuda que supera los 200 mil dólares, una situación que mantiene en vilo a cientos de familias campesinas desde hace más de tres años.
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El conflicto, que tuvo un primer intento de resolución en octubre del año pasado, se ha agravado debido al silencio administrativo de la compañía.
Según explicó Evariste, aunque inicialmente se establecieron mesas de diálogo con representantes de la empresa como Gustavo Posada, Julen Posada y el personal técnico integrado por Petra Crespo y Luis Ceballos, las promesas de pago se quedaron en palabras.
«Nos encontramos con la sorpresa de que han cerrado las oficinas donde atendían al productor. Ya no dan la cara y desconocemos su ubicación administrativa actual», denunció la representante legal.
Los productores señalan que la empresa procesa la yuca amarga para la producción de almidón, pero tras recibir la materia prima, han evadido sistemáticamente sus compromisos de pagos.
Aunque el grupo que lidera la acción legal actual consta de 50 productores, se estima que en todo el estado Monagas hay más de 300 afectados por esta misma práctica. Muchos de estos agricultores aseguran encontrarse en situación de quiebra, ya que la falta de capital les impide adquirir insumos para las nuevas siembras, paralizando el ciclo productivo de la región.
Próximas acciones legales
Tras ser atendidos por un funcionario en la Defensoría y contar con el respaldo del Defensor Agrario, los afectados anunciaron que elevarán el caso a otras instancias. Siguiendo las orientaciones recibidas, el siguiente paso será ejercer una acción penal ante el Ministerio Público, debido a lo que califican como una «burla institucional».
Los productores no descartan trasladarse directamente hasta la planta procesadora en el sur de la entidad para exigir una respuesta inmediata.
«Han sido años de espera y ya no podemos seguir financiando con nuestro trabajo a una empresa que se oculta de sus responsabilidades», concluyó Evariste.
