Colombia y Venezuela firmaron un memorando de entendimiento a principios de julio para la creación de una zona económica compartida en la frontera. La foto de ese día resumía bien el talante de la relación entre vecinos. Las dos ministras de Comercio Exterior junto al jefe de despacho de Petro, Alfredo Saade, posaron satisfechos con las carpetas que contenían el acuerdo de siete páginas suscrito en Caracas. La información oficial ha caracterizado el pacto como un esfuerzo en aras de fomentar un área limítrofe en paz, unión y con desarrollo integral. Una tarea vidriosa. Sobre el mapa está una de las zonas más violentas, con una compleja crisis humanitaria, una región que abarca a los departamentos colombianos de Norte de Santander y La Guajira, y a los estados venezolanos de Táchira y Zulia. Por ello las discrepancias no tardaron en saltar desde Bogotá.
Por Camilo Sánchez | El País
El primer tropiezo que han planteado los analistas es que el diseño del plan ha dejado de lado a la “gente del territorio, los empresarios, las organizaciones sociales y otros actores clave”. Lo dice el investigador y economista cucuteño Mario Zambrano. Él señala falta de legitimidad. Un argumento que refuerza la internacionalista Sandra Borda: “La sociedad civil en la frontera está muy organizada. Hay grupos de académicos, de gremios que han trabajado en potenciar la zona durante todo el tiempo que los dos Gobiernos estuvieron distanciados. Ahora, por alguna razón absurda, la conversación no involucró a estos sectores, que deberían participar a futuro en los grupos de trabajo”.
Un segundo punto son las disparidades de los dos sistemas políticos: “Está empíricamente comprobado, alrededor del mundo, que las autocracias no cumplen con los acuerdos internacionales”, explica Borda. Su experiencia le permite establecer que en regímenes cerrados, como el venezolano, no existen mecanismos de control ciudadano. Adolecen de aparatos que le hagan un seguimiento veraz a las reglas de juego en asuntos comerciales. En resumen: faltan mecanismos de transparencia. Por ello, concluye que abrir la puerta a un proyecto con inversiones “chinas, indias y rusas”, como adelantó el presidente Maduro, podría darle vía libre a los desfalcos y profundizar los problemas de corrupción de la región.
Pese a ello, desde el oficialismo recuerdan que la maquinaria diplomática y comercial entre los dos países ya está bastante bien aceitada. De hecho ya hay un TLC, denominado de “alcance parcial”, andando. También un acuerdo de protección a las inversiones aprobado por el Congreso. Y detallan que este nuevo pacto binacional anunciado no es vinculante. No tiene carácter de ley. Y caduca en 2030. “En septiembre celebramos tres años de la reapertura de la frontera y nos parece que el memorando de entendimiento es un buen gesto que le da continuidad al trabajo en las relaciones económicas, comerciales e inversión para la cultura y la paz”, defiende el exministro de Industria y Comercio y ahora presidente de la Cámara Colombo Venezolana, Germán Umaña.
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