La Administración de Donald Trump ha exigido al régimen venezolano que lidera Delcy Rodríguez que coopere con las pesquisas de la Justicia estadounidense abiertas sobre nueve integrantes de la estructura chavista. Washington identifica a estos integrantes como piezas clave en expedientes por corrupción, blanqueo de capitales y narcotráfico, según revela a ABC una fuente conocedora de esas conversaciones.
Por: ABC
La petición no se limita a permitir interrogatorios. Incluye acceso a documentación, trazabilidad financiera y, cuando sea posible, fórmulas de entrega o traslado, un terreno especialmente delicado en Venezuela por la prohibición constitucional de extraditar a nacionales.
Estados Unidos ha puesto por escrito ante Delcy Rodríguez una exigencia que va más allá de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, sin más resistencia aparente. Esa cooperación, según la misma fuente, se articula en torno a una lista de nueve personas de interés, seleccionadas por su valor probatorio y por su utilidad para reconstruir el circuito de contratos, lavado de dinero y protección política que Washington atribuye al antiguo régimen que comandaba Maduro y que, en buena medida, sigue en pie.
En la práctica, la Casa Blanca plantea un esquema de intercambio con tres capas. La primera es la del acceso, facilitar entrevistas, interrogatorios, registros administrativos y documentación sensible. En esa fase entra el interrogatorio, la semana pasada, de Alex Saab, señalado durante años como operador del madurismo, y del empresario Raúl Gorrín. La segunda capa busca permitir que equipos estadounidenses participen o supervisen parte del trabajo de verificación sin que Caracas lo reconozca en público. La tercera, si se considera políticamente viable, contempla fórmulas de traslado o entrega, con el cuidado extremo de evitar la palabra extradición.
Posibles alternativas
El problema de fondo es constitucional. Venezuela no extradita a sus nacionales. Ese límite obliga a convertir la cooperación en un terreno gris. Se contemplan expulsiones administrativas, salidas pactadas, traslados por razones de seguridad, detenciones temporales con entrevistas y entrega de documentación. O, en caso de que los objetivos viajen fuera del país, también su captura, como ocurrió con Saab, detenido en Cabo Verde en 2020, extraditado a Miami y después indultado por Joe Biden.
Según la fuente, Washington lo asume y por eso prioriza objetivos que, por nacionalidad, por historial de viajes o por posición dentro del aparato, ofrecen más margen.
La lista, insiste la fuente, no es pública y no se presentó como un ultimátum, pero funciona como tal. Rodríguez, que aún no está imputada formalmente por EE.UU., recibe la lista como condición de normalización. A ese listado se suma el reconocimiento a la misión diplomática en Caracas, desbloqueos selectivos, permisos de operación y una agenda energética. A cambio, Washington exige avances en nombres concretos y en expedientes concretos. El acuerdo, si se puede llamar así, se mide en actos verificables, interrogatorios ya realizados, documentación entregada, cuentas rastreadas, sociedades identificadas, activos congelados y, si se llega a esa fase, un traslado.
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